La audiencia pública por el proyecto Argentina LNG tendrá lugar el próximo 16 de noviembre, desde las 8, en el gimnasio municipal Butamahuida de Sierra Grande. La instancia permitirá analizar cuatro estudios de impacto ambiental vinculados con las distintas partes del emprendimiento, que contempla un gasoducto, un poliducto, dos unidades flotantes de licuefacción y una planta de fraccionamiento.

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, explicó a este medio que la convocatoria podría extenderse hasta el día siguiente debido a la cantidad de estudios y de personas que esperan participar. Hasta el momento de la entrevista había cerca de 60 personas inscriptas como oradoras, aunque todavía se esperaba que se sumaran más.

La funcionaria precisó que los estudios incluyen las líneas de base ambiental, los planes de gestión y las evaluaciones de impacto, además de una presentación integral del proyecto. La inscripción para exponer requiere tener domicilio en Río Negro, una condición establecida por la legislación provincial sobre audiencias públicas.

Quienes quieran participar pueden anotarse hasta 72 horas antes de la audiencia. También podrán inscribirse para intervenir en los cuatro estudios o elegir uno solo. La información y los formularios están disponibles en la página de la Secretaría de Ambiente, donde también se habilitó un registro específico para periodistas.

La participación presencial estará sujeta a la capacidad del gimnasio. Para quienes no puedan ingresar, se prevé instalar pantallas en el exterior y transmitir la audiencia a través del canal de YouTube de la Secretaría.

Qué riesgos ambientales se analizan

Durante la entrevista, Jiménez distinguió los impactos que pueden producirse en las distintas etapas de las obras. En el caso del gasoducto y el poliducto, señaló que la etapa de construcción concentra buena parte de las preocupaciones ambientales, debido a la intervención sobre el terreno y el desmonte que demanda el tendido de casi 500 kilómetros de infraestructura. La secretaria sostuvo que, una vez finalizadas las obras, ambos conductos quedarán enterrados y que los impactos durante la etapa de operación son diferentes a los de la construcción.

En cuanto a las unidades flotantes de licuefacción, identificó entre los riesgos posibles un eventual escape de gas. También explicó que los estudios ponen especial atención en el tránsito marítimo y el ruido submarino que generará la circulación de buques metaneros en el golfo San Matías.

La evaluación técnica está a cargo de la Universidad Nacional de Río Negro, que cuenta con cerca de 20 especialistas trabajando sobre los estudios. Jiménez indicó que el proceso lleva entre seis y siete meses e incluye intercambios con la empresa para solicitar información y documentación complementaria a medida que avanza el análisis.

Inspecciones y monitoreo del golfo

La funcionaria aseguró que los controles sobre los proyectos en construcción se realizan dos veces por semana. Las inspecciones involucran a distintas áreas del Estado provincial, entre ellas Ambiente, el Departamento Provincial de Aguas, Hidrocarburos y Trabajo. También explicó que los equipos técnicos realizan recorridas y embarques para supervisar las actividades marítimas.

Entre las tareas de fiscalización mencionó los controles sobre residuos peligrosos y urbanos, además de auditorías de los procedimientos de soldadura de los caños para verificar que las obras se ajusten a lo declarado en las memorias descriptivas.

En paralelo, la Provincia trabaja en un Plan Integral de Monitoreo Ambiental del golfo San Matías, que no se limitará a los sectores donde se instalen las industrias energéticas, sino que abarcará todo el golfo. El esquema se desarrolla junto con organismos provinciales y Prefectura, e incluirá muestreos periódicos y anuales a partir de las líneas de base y de la información ambiental disponible.

Jiménez anticipó que también se está conformando una comisión de fiscalización, que tendrá a su cargo el seguimiento de las actividades y del plan integral. El monitoreo será realizado por los organismos públicos, pero financiado por las empresas que desarrollen actividades en el golfo.

A ese esquema se sumarán herramientas tecnológicas para seguir el movimiento de los barcos a través de sus sistemas de identificación automática (AIS). La secretaria explicó que estos dispositivos permiten detectar, entre otras cuestiones, si una embarcación ingresa a un área protegida, realiza actividades de pesca o respeta los límites de velocidad establecidos.

Información pública y planes de contingencia

Otro de los puntos abordados fue la respuesta ante eventuales incidentes. Jiménez explicó que los estudios de impacto ambiental deben incluir planes de contingencia y que, en las situaciones que involucren al mar, la autoridad de aplicación es Prefectura Naval Argentina.

En ese ámbito se presenta un Plan Nacional de Contingencias, que establece los procedimientos de actuación, los organismos que deben intervenir, las responsabilidades de la empresa y los plazos para comunicar un incidente. También contempla la realización de simulacros para comprobar que los mecanismos de respuesta funcionen y que los contactos de emergencia estén actualizados.

La Secretaria diferenció las responsabilidades: mientras las empresas deben cumplir las obligaciones ambientales y las buenas prácticas internacionales de la actividad, el control corresponde a las autoridades.

Respecto del acceso a la información, Jiménez señaló que la Secretaría recibe y responde pedidos de particulares y organizaciones. Además, anticipó que la Provincia trabaja para que algunas variables del sistema de monitoreo puedan consultarse en tiempo real a través de una página web.

También mencionó la posibilidad de instalar cámaras en distintos sectores, con transmisión permanente por YouTube, para que la ciudadanía pueda observar lo que sucede en las zonas bajo seguimiento. Esas herramientas se financiarían, al igual que otras tecnologías de fiscalización, con recursos provenientes de las tasas de control y fiscalización ambiental que abonan las empresas.

Las observaciones pueden modificar los proyectos

Uno de los planteos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la posibilidad de que las objeciones presentadas durante la audiencia pública tengan consecuencias concretas sobre el diseño de las obras. Jiménez rechazó que los proyectos lleguen a esa instancia con decisiones inmodificables. “No es que es un paquete cerrado”, sostuvo, y explicó que las observaciones técnicas y ambientales se analizan y pueden derivar en cambios de ingeniería o en la incorporación de nuevas alternativas.

Como ejemplo, recordó una obra en la que inicialmente estaba previsto realizar una intervención a cielo abierto sobre una restinga para instalar una cañería. A partir de la evaluación, se incorporó una alternativa de perforación dirigida, una tecnología que, de acuerdo con su explicación, permite reducir los impactos, el ruido y el tiempo de ejecución.

La secretaria señaló que las consideraciones que surjan de la audiencia también serán evaluadas por los equipos técnicos y por la Universidad Nacional de Río Negro, que deberán determinar si corresponde incorporarlas a los estudios o realizar modificaciones.

De esta manera, la audiencia del 16 de noviembre en Sierra Grande será una instancia para conocer los estudios ambientales de los cuatro componentes de Argentina LNG, plantear observaciones y escuchar las respuestas de los responsables del proyecto y de los organismos que intervienen en su evaluación.