“¿Cuál es el objetivo de denunciar en las redes sociales? ¿Dónde puedo encontrar una solución en eso?”. La pregunta de la jueza de Paz de Sierra Grande, Carola Suárez, resume una de las advertencias que dejó durante una entrevista en la que habló sobre los conflictos que se generan a partir de publicaciones en internet y la importancia de conocer los mecanismos legales disponibles para resolverlos.

La magistrada planteó que la libertad de expresión no habilita a afectar el honor y la reputación de otras personas y llamó a utilizar las vías institucionales cuando existen disconformidades con la atención recibida en un organismo público o con la prestación de un servicio.

Sus declaraciones surgieron a partir de un caso que involucró a un enfermero del hospital Osvaldo Bianchi de Sierra Grande y a un hombre que había cuestionado su desempeño en Facebook, identificándolo públicamente por su apellido. La publicación derivó en una demanda por daño moral que terminó con una resolución favorable al trabajador de salud.

Durante la entrevista, realizada por el periodista Pedro caram,  Suárez explicó que uno de los elementos considerados en el expediente fue que el hombre no había realizado un reclamo formal ante las autoridades del hospital. “Se solicitó un informe al hospital público, a la dirección, para saber si había recibido algún tipo de reclamo por parte de este ciudadano específicamente sobre esa situación, y no lo hubo”, señaló.

La jueza aclaró que la resolución no implica que los ciudadanos deban guardar silencio frente a una atención que consideran inadecuada. Por el contrario, sostuvo que el derecho a expresar una disconformidad debe ejercerse por los canales correspondientes, "pero tenemos que trabajar en la utilización de las vías correspondientes para los reclamos”, afirmó.

También cuestionó la idea de que las redes sociales sean espacios sin límites, donde se puede publicar cualquier acusación sobre otra persona sin considerar las consecuencias. Advirtió que la exposición pública y los comentarios que se generan después pueden terminar afectando la vida privada y vulnerando derechos.

El acceso a la Justicia sin necesidad de un abogado

Más allá del episodio que dio origen a la entrevista, Suárez puso el foco en una herramienta que, según explicó, todavía no es suficientemente conocida por la comunidad: los procesos de menor cuantía que se tramitan en los Juzgados de Paz.

La magistrada destacó que estos organismos cumplen una función especialmente importante en localidades pequeñas y alejadas de los grandes centros urbanos, porque permiten resolver conflictos cotidianos mediante procedimientos gratuitos, sencillos y sin necesidad de contar obligatoriamente con un abogado. “Es una herramienta que tenemos al alcance de la comunidad. Permite al ciudadano resolver distintos tipos de reclamos de una forma pacífica, legal e imparcial”, explicó.

Entre los casos que pueden tramitarse mencionó conflictos vecinales, deudas pendientes, trabajos realizados que no fueron abonados y desacuerdos vinculados con compras de bienes o prestaciones de servicios. También pueden canalizarse reclamos relacionados con Defensa del Consumidor.

Suárez precisó que el monto máximo admitido para estos procesos es de 2.700.000 pesos. Aclaró que quedan excluidas cuestiones de familia, como las cuotas alimentarias y los regímenes de comunicación, además de sucesiones, asuntos laborales y desalojos, entre otros.

El trámite comienza con la presentación de un formulario sencillo. Los propios integrantes del Juzgado pueden orientar a los vecinos para completarlo y luego se desarrollan audiencias en las que las partes tienen la posibilidad de exponer sus posiciones, ofrecer pruebas y buscar una resolución. La jueza también diferenció estos procedimientos de los que se realizan a través del CIMARC, que ofrece instancias de mediación extrajudicial para facilitar acuerdos entre las partes.

Suárez destacó que la oralidad, la informalidad y la gratuidad son características que facilitan el acceso a estos mecanismos y permiten alcanzar resoluciones en plazos relativamente breves, aunque eso depende de las particularidades de cada caso.

También señaló que cualquier persona que considere afectados su honor, su imagen o su reputación puede recurrir a las herramientas legales disponibles. No se trata de una posibilidad exclusiva de quienes trabajan en organismos públicos o ejercen una actividad profesional.

En un escenario que describió como atravesado por mayores dificultades para resolver diferencias mediante el diálogo, la magistrada consideró fundamental que la comunidad conozca las alternativas que ofrece la Justicia y sepa dónde acudir.