Dicen que esta propuesta, a través de la reforma de la Ley Nº 4200 se Seguridad Pública impulsada por Fabián Gatti y Beatriz Manso, representa "la máxima expresión de lo contrario que se pretende según los autores de 'La democracia'" y agregan que "el segmento normativo acusado, quebranta los derechos amparados por nuestra Constitución Nacional y ello es así,  porque impide que un ciudadano, en funciones de policía, o de retirado, pueda ocupar el cargo porque mediaría una inhabilidad legal que lo prohíbe, inhabilidad que resulta injustificada y carente de toda razonabilidad".

"Cuando la norma cuestionada impide que sea el cargo ocupado por una policía o en funciones de retirado, desconoce a estas personas el derecho de igualdad frente a los demás ciudadanos, por el hecho de tener cualidades destacadas en asuntos de Políticas de Seguridad originadas en el ejercicio de sus funciones, llámese actuales o en el transcurso de su trayectoria de su carrera", agregan.

Asimismo, dicen que "también viola el derecho al trabajo, porque no puede impedírsele mediante disposición legal contraria a la Constitución, precisamente porque lo que se está garantizando a través de la misma, es la igualdad ante la ley y el Derecho al trabajo en todas sus formas”.

Del mismo modo "y no resulta un tema menor, que la Constitución le ha conferido al legislador competencias para el dictado de leyes, en la medida en que las restricciones que él señale, no limiten injustificada o excesivamente derechos constitucionales; como el derecho a la igualdad para el desempeño de funciones públicas o a la participación en la conformación del poder político".

"La seguridad como exclusividad de la institución  policial y ésta caracterizada por el autogobierno, son partes de un modelo o concepción de un paradigma pasado. La problemática de la seguridad vista hoy en día, no es patrimonio únicamente de las Fuerzas de Seguridad, sino una cuestión social que debe ser abordada de modo integral, por todos los actores sociales, partes o no del Estado. Asimismo, mal podría denominarse autogobierno policial, cuando la misma depende únicamente de éste, siendo una pieza fundamental dentro de la estructura de Políticas de Estado", agregaron.

En un comunicado, dijeron que "con el fin de realizar un análisis de lo publicado, deberíamos como primera máxima a tener en consideración, en la presentación de proyectos de ley o su respectiva sanción, según el caso, que  en Democracia, no se admiten exclusiones, ni fomentar la discriminación"

Siguen detallando que "el afirmar 'Que el poder político democrático debe tomar las riendas de la Políticas de Seguridad' nos hace  preguntar si están queriendo decir, que la Policía de Río Negro, o las personas que trabajan en la Institución (Personal Policial y  Personal Civil, con estado Policial) o que formaron alguna vez parte de la misma, no son partes de un sistema democrático o viven en otra forma de gobierno, como para en un futuro no poder ocupar un cargo público; sea en la Secretaria de Seguridad y Justicia o cual fuere; ¿que lo hace distinto al ciudadano no policial?".

Indican que "hasta resulta contradictorio lo pretendido, ya que no se puede ocupar el cargo de secretario de Seguridad, habiendo sido de la fuerza policial, pero sí contar con su asesoramiento técnico".

"A la luz de lo publicado, no se refleja otra cosa que un intento de modificación que en su espíritu vulnera los derechos a la igualdad de oportunidades para acceder al desempeño de funciones públicas, y al derecho político, que  solo puede ser restringido por el legislador, fundado en razones objetivas y legítimas desde el punto de vista constitucional, esto es, asegurando ello, principios y valores consagrados en la nuestra  Constitución Nacional", dicen.

"Por lo expuesto, pues, a simple vista, pareciera ser que el informe periodístico es nada más y nada menos que una cuestión personal de sus autores contra quien hoy ocupa el cargo de secretario de Seguridad y Justicia; más su intención, sí se corresponde con una clara determinación y discriminación del ejercicio de la función pública por parte de un sector de la sociedad", dijeron finalmente.