19 septiembre 2011 Río Negro Comentar
El abogado indicó a FM de la Costa que muchos de los asesores del organismo y gran parte del núcleo de trabajo “desconocíamos esta situación”.

Explicó que fue la propia subsecretaria de Derechos Humanos, Gladis Cofré, quien le planteó la inquietud tras recibir cierta documentación en su oficina de manera anónima. “Me preguntaron sobre la contratación de la empresa NOSIS y obviamente me preocupé, pedí toda la información sobre el tema y ordené que le den de baja al servicio”, agregó.

“El servicio es legal. Quien quiera conocer información puede abonar una cuota y solicitar información que luego le llega a la PC”, dijo Gandolfi, quien aseguró desconocer la información concreta que provee esta empresa privada.

Aseguró que en determinadas actuaciones administrativas de la Defensoría “es una herramienta válida y se puede justificar en el marco de actuación”, agregando que “esto pasa con NOSIS y cualquier otro registro público y privado”.

No obstante, aclaró que se cuestiona que en las listas “hay un montón de nombres que no tenían actuaciones administrativas vinculadas con acciones del organismo”.

“Como justifico yo que en las listas haya un organismo o un juez o un periodista o una propietaria de un medio de comunicación o incluso una persona fallecida. Hay mucha gente que no tiene motivo desde la Defensoría para estar ahí”, aseguró Gandolfi.

Siguió señalando que “hay mucha gente en la que está justificada la búsqueda de información y de supuestos actos de corrupción en el marco de la competencia de la Defensoría, pero hay otras que no se pueden avalar”.

Si bien no pudo confirmarlo, entendió que algunas de las personas que actualmente se desempeñan en la Defensoría “quizás conocían esta situación o sabían que se solicitaba información sobre actuaciones internas”.

“Hay que justificar nombres de familiares y funcionarios que nada tienen que ver con las acciones de la Defensoría”, reiteró Gandolfi y confirmó que muchas personas se comunicaron con el para cuestionarle su aparición en las famosas listas.

Confirmó que en el allanamiento del viernes la Justicia se llevó tres computadoras y clausuraron la oficina del archivo y de los expedientes de la administración y finalmente aclaró: “La responsabilidad cuando uno le imputan un delito penal es personal, no institucional. En este caso los dos denunciados son la ex defensora y su secretario”.