El análisis prácticamente fue acaparado por las carteras de Gobierno y Acción Social, desde donde se hicieron planteos que estarían perjudicando el normal funcionamiento de la institución.
Al menos eso fue lo que explicó el Secretario de Gobierno, Víctor Espíndola, quien citó la ley provincial que consigna la cantidad de empleados que debe tener un municipio y que se relaciona con la cantidad de habitantes.
De acuerdo a las estadísticas,  la municipalidad de Sierra Grande debería contar con no más de 100 empleados y actualmente existe una dotación de 400 trabajadores, entre ellos contratados y  becados.
Espíndola dijo que existe una sobrepoblación en las áreas de la institución, pero no dijo si estaba contemplado despedir personal para llegar al cupo que autoriza la citada ley rionegrina.
Por su parte, Carola Suárez, Secretaria de Acción Social, fue mucho más allá de un simple informe y responsabilizó a la anterior administración de una serie de irregularidades. Añadió que las mismas han impedido la aplicación de la política de gobierno delineada oportunamente.
Suárez acusó al ex intendente de haber tenido personal trabajando y de no haber entregado sus respectivos legajos que acrediten el vínculo entre la institución y los trabajadores en cuestión.
La Secretaria de Acción Social informó que se encontraban recabando información para completar un informe y luego solicitar la intervención de la justicia, hecho que de concretarse será un juicio político contra Nelson Iribarren.
Los reclamos y denuncias contra el gobierno saliente se han pronunciado desde las diferentes Secretarías mediante informes escritos.
FUENTE: Prensa Serrana