9 febrero 2012 Río Negro Comentar

Define además que el Fiscal de Estado, titular de este organismo, ejerce en forma exclusiva y excluyente la representación judicial de la Provincia y sus entidades, actuando como parte necesaria y legítima en todo proceso.

Asimismo, tiene personería para demandar la nulidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, contratos o resoluciones contrarios al ordenamiento jurídico.

La nueva ley establece además las funciones y atribuciones del fiscal, entre las que se mencionan las de asesorar al Gobernador y a sus ministros, dictaminar en todos los casos de disposición de bienes del Estado; intervenir en todos los asuntos relacionados con concesiones de servicios, licitaciones y de obras públicas; en las transacciones extrajudiciales que celebre el Poder Ejecutivo o intervenga el Estado; en todos los trámites relativos a expropiaciones; y en las gestiones iniciadas por particulares contra el Fisco para el reconocimiento de un derecho.

En este sentido, la legisladora Ana Piccinini (FpV) explicó en el recinto que el proyecto enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo fue trabajado por el bloque del Frente para la Victoria.

Piccinini consideró muy importante esta reforma, debido a que “en el sistema democrático son fundamentales los órganos de control porque han sido creados precisamente por el constituyente para evitar los abusos y excesos de poder, para evitar el robo de las arcas públicas en beneficio de los hombres y mujeres que transitoriamente pasan por el poder”.

En este sentido, manifestó que “si la Fiscalía de Estado hubiera funcionado de acuerdo a la jerarquía, a las contribuciones y a las competencias que le otorgan la Constitución provincial, no habríamos llegado al grado de corrupción alevosa, profunda y transversal a la que llegamos en el gobierno de Miguel Saiz".

Por su parte, el legislador de la Concertación, Alejandro Betelú, manifestó su desacuerdo en la exposición de Piccinini porque la fundamentación  debería basarse no solo en la gestión anterior sino en todos los periodos, para hacer un proyecto "superador" que "garantice las facultades" en este caso de la Fiscalía.

El legislador Betelú, en representación de la bancada de la Concertación, planteó como modificación un agregado a la función del Fiscal de resolver los conflictos interorgánicos e interadministrativos de contenido patrimonial, incorporando “en aquellos casos que se lo requiere el titular del Poder Ejecutivo”, porque consideraron que más que redundar, especifica esta manda.

La segunda modificación propuesta por el legislador estuvo dirigida al artículo en que se detalla el mecanismo de los honorarios del Fiscal o los abogados representantes.

En el párrafo donde se explicita que ante el cobro de honorarios, éstos se depositarán en una cuenta bancaria que habilitará la Contaduría General de la Provincia y será el Fiscal de Estado el que regule su aplicación proporcional.

Betelú incorporó además un párrafo posterior que afirma que “en todos los casos, previo a cualquier distribución o aplicación de los honorarios percibidos conforme a este artículo, se dará cumplimiento a las disposiciones del artículo 19 inciso ñ de la ley 3550”, que es la ley de ética e idoneidad de la función pública.

El proyecto establece al inicio de este artículo que, tanto el Fiscal de Estado como los abogados dependientes, no pueden cobrar honorarios de su representado “cuando aquel fuera condenado en costas o las tomare a su cargo en virtud de transacción judicial o extrajudicial”.

El derecho de percibir honorarios, define, nacerá de la existencia “de una expresa condena judicial firme o convenio homologado, que imponga las costas a la contraparte”.

Aclara además que, cuando la Fiscalía actúe por la parte demandada o tercera citada a juicio y en el supuesto de costas a cargo de la contraria, el 50 por ciento de los honorarios se distribuirán entre el gestor directo del juicio y su patrocinante, y el otro 50 por ciento, entre el personal restante de la Fiscalía que cumpla funciones bajo la dependencia del Fiscal.

Otra nueva modificación a la Ley de Ministerios

En sesión extraordinaria, la Legislatura dio hoy sanción unánime en general a la iniciativa remitida por el Ejecutivo que introduce cambios a la ley de Ministerios aprobada el pasado 30 de noviembre en el marco del proceso de transición del actual gobierno.

De esta manera fueron reasignadas las competencias de las carteras de Gobierno, Economía y Producción y de las Secretarías General, y de Información y Coordinación, con respecto al funcionamiento, planificación, intervención y entendimiento propios de las áreas de su competencia.

Asimismo, se dispone la fusión de la Secretaría de Información y Coordinación dentro de la Secretaría General, reasignando sus funciones.

Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública y Reconversión del Estado pasa a ser una nueva Secretaría de la Gobernación, asignándole las funciones correspondientes, así como competencias propias del Ministerio de Economía pasan a formar parte del Ministerio de Producción.

Por último, lo relativo al Régimen de la Función Pública, que en la norma anterior pertenecía al Ministerio de Economía, se transforma en Secretaría de la Gobernación y funcionará bajo la dependencia directa del Gobernador, asignándole las competencias y funciones correspondientes.

Los argumentos que sustentan la modificación al expediente oficial, remitido a la Legislatura con acuerdo de ministros para su tratamiento en única vuelta, fueron sostenidos en Cámara por la legisladora Ana Piccinini, quien recordó que estas modificaciones “obedecen a expresas instrucciones del actual gobernador Alberto Weretilneck”, tras asumir sus funciones luego del fallecimiento del extinto gobernador Carlos Soria.

Seguidamente el presidente del mismo bloque, Pedro Pesatti, puso a consideración de la Cámara otras dos reformas incorporadas por el bloque justicialista. Precisó en este sentido que se pondrá “en relación con el Ministerio de Educación a la Secretaría de Derechos Humanos; y en vinculación directa con el gobernador a la Secretaría de Trabajo de la Provincia”.

Sobre el primero de estos aspectos Piccinini destacó “que es importante la presencia del Dr. Edgardo Bagli en esa secretaría (de DDHH) ya que es una persona que siempre ha estado vinculada a los Derechos Humanos” y exaltó su trayectoria personal, así como su idoneidad para la tarea que deberá desempeñar.

La Secretaría de Trabajo pasa a depender directamente del Gobernador, del mismo modo que la de Medio Ambiente, y la de la Función Pública y Reconversión del Estado.

La legisladora Piccinini ahondó seguidamente en más detalles, explicó cómo se insertan las incorporaciones y cuáles han sido las derogaciones parciales a la norma.

Héctor López, de extracción gremial, destacó la importancia de que la Secretaría de Trabajo dependa del Gobernador “cumpliendo así uno de los sueños del extinto Carlos Soria”, lo que permitirá “dar soluciones inmediatas a los problemas de los trabajadores”. También apuntó sobre la necesidad de que la actual Secretaría se convierta en un Ministerio de Trabajo.

Silvia Horne (FpV) destacó las virtudes del proyecto del Ejecutivo y que “por primera vez en 30 años el Gobernador ha recibido a las organizaciones de Derechos Humanos” las que “no fueron únicamente reuniones formales sino con el fin de buscar maneras de alcanzar objetivos en estas políticas”.

También exigió que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para abolir la tortura en la la Provincia. Éste es un camino “posible y que marcará ejemplo de derechos humanos en el resto país”.

Susana Dieguez (FpV) marcó la importancia y el orgullo de incluir los derechos humanos en la Educación. “Esto nos da la garantía de que la política nacional en esta materia, se aplicará también en Río Negro”.

Ricardo Ledo (Unidos por Río Negro) también felicitó la iniciativa vinculada con la reubicación de la Secretaría de Trabajo y anticipó su voto favorable.

Adrián Casadei (ACD) entendió que de esta manera el Gobierno podrá desarrollar de mejor manera sus políticas y anticipó el total acompañamiento y el acompañamiento de la bancada opositora.

Darío Berardi (ACD) se expresó en el mismo sentido y recomendó que la Secretaría de Trabajo ejerza con firmeza su poder de policía, refiriéndose a los altos índices de trabajadores en negro y no registrados en las diferentes actividades económicas, “para que actúe con firmeza” en los casos en los que se observe la existencia de trabajo informal. Sugirió el agregado de un artículo específico a la ley en tratamiento.

La propuesta fue descartada por la legisladora Piccinini ya que el tema en cuestión, dijo, “está específicamente establecido en la ley que determina las funciones de esa Secretaría”.

Al respecto, el legislador Alejandro Betelú (ACD) explicó que el agregado sugerido responde a la multiplicidad y simultaneidad de organismos que ejercen tal función. “Procuramos sumarle a la norma la ratificación política del gobierno provincial para la ejecución y la sanción de la política laboral”.

En este punto, y a pedido del legislador Pesatti, se produjo un cuarto intermedio para debatir la propuesta del legislador Berardi con el secretario de Trabajo, Luis Troncoso, quien se encontraba presente en el recinto. Las conversaciones entre los legisladores y el funcionario determinaron el rechazo de esa incorporación ya que las funciones requeridas, según reiteró las legisladora Piccinini, “están implícitas en la ley orgánica del organismo de Trabajo”.

FUENTE: Legislatura de Río Negro