Añadió que el pedido de inconstitucionalidad también pretende que no se avance en la rescisión de los contratos, cualquiera sea su tipo.
“Consideramos que jurídicamente es una norma insostenible y claramente inconstitucional, creemos que es una ley injusta, arbitraria, que genera incertidumbre y angustia a miles de familias rionegrinas y provoca desigualdad ante la ley”, acotó Mendioroz.
“Queremos invitar a todos los gremios, asociaciones, bloques de la oposición, al Defensor del Pueblo y a las universidades a participar, que se sumen y entre todos reclamemos se revea esta decisión política adversa al trabajador rionegrino”, señaló.
“Es irreal poner a más de 20 mil empleados en disponibilidad, en esa situación de zozobra, diciéndole que si no hay una silla es porque no trabajan. Y si no tienen silla pasa una bolsa y los cargan”, sostuvo.
El presidente del bloque señaló “ni siquiera la ex Corte Suprema menemista hubiera avalado semejante norma y mucho menos la actual Corte, que fue clara y tajante al defender la estabilidad de empleado público como de naturaleza absoluta a través del conocido caso Madorrán”.
“La definición debería ser inmediata. La presentación es preventiva porque todavía la ley no se reglamentó, o por lo menos entendemos que no, porque en el Boletín Oficial no aparecen todos los decretos que se firman. No sabemos muy bien que pasa”, dijo.
Según detalló Mendioroz la norma, sancionada por mayoría en el Parlamento, genera, según el artículo 2º, “un claro superpoder para el gobernador” porque ofrece “facultades exorbitantes al Poder Ejecutivo y lo transforma de hecho en una delegación legislativa”.
Asimismo, dijo que “es claro que la norma no establece ninguna pauta objetiva a aplicar a la hora de determinar los organigramas y misiones y funciones del Estado rionegrino a efectos de establecer una supuesta mayor transparencia en el empleo público y queda al arbitrio de quienes la reglamenten o apliquen, el definir esos parámetros. Esto no es sano para una administración eficiente y eficaz”.
“Se afecta la estabilidad del empleado estatal, consagrado en la Carta Magna argentina y asimismo se pone bajo estado de sospecha a miles de empleados por el solo hecho de serlo”, continuó el legislador.
Indicó que dialogó sobre el tema con el gobernador Alberto Weretilneck “fundamentalmente por la rescisión de los contratos” y detalló que “nosotros proponíamos que se renueven provisoriamente por 90 días todos los contratos y en ese plazo se estudie todo y se determine cuales son los contratos que no se justifican”. Reiteró que “no vamos a defender a los contratados o nadie que no trabaje, ni siquiera a los funcionarios que entraron a planta permanente por la ventana, porque si eso está mal se corrige y no necesitamos una ley de prescindibilidad para eso”.
“La ley de disponibilidad no está reglamentada, si se ha prescindido de un trabajador de planta permanente antes de esto fue de forma ilegal”, señaló.
Por otra parte Mendioroz fue tajante al afirmar que la norma “viola los arts. 7°, 14°, 15°, 139º inciso 17 de la Constitución de Río Negro, y arts. 28º y 29º de la Constitución Nacional, y el régimen de disponibilidad de agentes de planta, los arts. 39°, 40º inciso 1, y 51º de la Constitución de Río Negro, y arts 14º bis, 16º, 28º y 33º de la Constitución Nacional.”
Por último, el parlamentario radical dijo que “nuestro bloque, tal como lo expresó en la cámara al oponerse a la sanción de la ley 4735, hará todo lo que legal e institucionalmente esté a su alcance para evitar que esta norma de ajuste y contraria a nuestra filosofía del rol que debe cumplir el Estado, sea puesta en vigencia y nos reuniremos con todos los gremios y las organizaciones sociales que hagan falta para elaborar una estrategia en común que coadyuve a tal fin”.