18 abril 2012 Río Negro Comentar

Señaló que "a la arbitrariedad cometida con los trabajadores del canal Diez, que ya han sido reemplazados cuando el Secretario General (Julián Goinhex) dijo que "sobraba" personal en dichas áreas del medio televisivo público rionegrino, ahora se suman trabajadores de ARSA y de otras empresas del Estado".

La legisladora Odarda envió un pedido de informe a la Legislatura para que se eleve a ARSA para que responda sobre las causas que llevaron a la empresa a dejar cesantes a trabajadores públicos que se encuentran enmarcados dentro de la Convención Colectiva de Trabajo de Empresas y a los cuales se le reconoce explícitamente el derecho a la estabilidad en el empleo público.

Odarda expreso: “No se está respetando el acuerdo entre el Gobierno Provincial y los gremios donde se evaluaría a cada trabajador antes de llevar adelante medidas de cesantías en sus labores. No se puede seguir jugando con la estabilidad del empleado público tomándolos como variable de ajuste del Gobierno Provincial. Estamos ante una nueva situación de maltrato y persecución ideológicas en Río Negro".

Mediante el pedido de informes, la diputada solicitó a la empresa que indique quiénes son los empleados despedidos de Aguas Rionegrinas S.A, sus nombres y actividades que realizaban; que indiquen si los puestos de trabajo serán ocupados por otros trabajadores (en ese caso que se informe sus nombres y tareas a realizar).

Pide también saber cuáles son las razones del despido de cada uno de los empleados y las razones por las cuales "no se respeta lo que determina la Convención Colectiva de Trabajo de Empresa, que en su Capitulo II: DEL INGRESO Y EGRESO DEL PUESTO DE TRABAJO, el ARTÍCULO 7º dice claramente: “Todos los empleados permanentes que integran los escalafones correspondientes adquirirán el derecho a la estabilidad en su cargo. Los empleados transitorios gozarán, igualmente, de todos los derechos y garantías establecidos en el presente convenio colectivo mientras se desempeñen como dependientes de Aguas Rionegrinas SA”.

Indicó la parlamentaria opositora que "con la votación en la Legislatura Provincial rionegrina de la Ley de Disponibilidad, se abrió la puerta a uno de los mas crueles cercenamientos de los derechos laborales de los trabajadores públicos en la Argentina desde las políticas de ajuste que caracterizaron a la década menemista. Los despidos en las empresas del Estado, son una consecuencia lógica de la sanción de una norma a todas luces inconstitucional, que significa un avasallamiento de los derechos constitucionales de cientos de familias rionegrinas. Viedma es la ciudad con mayor maltrato de este gobierno por ser el empleo público la fuente de trabajo más importante de la capital provincial, lo cual implica además, un claro ataque a la institucionalidad de la provincia".