25 abril 2012 Río Negro Comentar

Según explicó el funcionario, el servicio (de la empresa Claro) se contrató en mayo del 2008, pero a la fecha no hay expedientes que certifiquen su prestación. “Desde esa fecha hasta el día del ingreso de la nueva gestión esto se siguió pagando”, ratificó.
Fernández aseguró que “la contratación fue irregular” porque “se hizo sin cumplir ninguna de las leyes vigentes para contratar en el Estado”.
Además, el funcionario explicó que se trató de “una contratación personal” efectuada por el ex presidente de la obra social, Alcides Pinazo, pero “se autorizó el débito del servicio en una cuenta del IPROSS”.
Según estimaciones de Fernández el gasto en el servicio “significó un perjuicio total de 550 mil pesos” para el Estado provincial.
Señaló que “hay sucesivas notas dentro del expediente donde se intenta suspender el pago, pero no lo logran. Y eso es lo que nos lleva a hacer una denuncia penal con el planteo de una medida cautelar para que el juez o el fiscal ordenen la suspensión de los debitos”.
Por otro lado, explicó que el expediente iniciado en Fiscalía de Investigaciones Administrativas “puede avanzar en un juicio de responsabilidad a través del Tribunal de Cuentas para que los funcionarios respondan patrimonialmente”.
“Hay un par de procedimientos, más irregulares que esto, donde se intenta justificar el período 2008 y 2009 como que le servicio se prestó con una firma de la presidencia sin ningún tipo de cumplimiento de la legislación”, señaló finalmente.