3 septiembre 2012 Río Negro Comentar

Apenas una semana después de que el bloque del Frente para la Victoria propusiera y luego diera marcha atrás con el proyecto que buscaba eliminar las barreras en countries y barrios cerrados, Plazademayo.com pudo conocer en exclusiva que el mismísimo Secretario General de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, solicitó el desalojo de un asentamiento ubicado en Cipolletti para desarrollar allí el emprendimiento inmobiliario de barrios cerrados denominado “Portales del Río”, que llevaría adelante el grupo inmobiliario ASPA, cuyos principales directivos son Omar Pirrello y Juan Perilli.

Así lo relata, con documentos en mano, María Cáceres, una de las titulares de la Asamblea por la Tierra y la Vivienda Digna, que cansada de las dilaciones oficiales y las amenazas de las cuales es víctima, llegó hasta Buenos Aires junto a otra compañera, Elba Maidana, para hacer pública la situación.

"El asentamiento se llama Isla Jordán, es un asentamiento productivo, de pequeños productores, que ocupan ese espacio hace más de 20 años. Ahora Parrilli quiere desalojarlos, con la anuencia de su amigo, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck”, describe Cáceres.

En Isla Jordán viven 110 familias, se trata de un terreno sin proceso de sucesión cuya adjudicación fue, literalmente agregada de puño y letra en el mapa de catastro municipal. Allí puede leerse claramente una flecha que marca el codiciado espacio y el nombre de Parrilli, escrito en lapicera.

“Ese fue todo el trámite”, se quejan las mujeres y advierten que los pedidos de agrimensura ya están solicitados, pese a las irregularidades. “Nos dirigimos al gobierno municipal, nacional y provincial y nos pidieron que nos manejemos ‘con cuidado’ porque bueno, estaba Parrilli en el medio”.

Un dato que no resulta menor es que además uno de los dos socios de ASPA desarrollos inmobiliarios, fue aportante a la campaña que desarrolló el Frente Grande en la ciudad en el 2007. Cuando la conducción nacional de ese partido manifestó su apoyo al gobierno nacional, Parrilli fue el interlocutor entre la Rosada y la agrupación política.

“Queremos frenar el desalojo, es nuestro objetivo, ya hay un mandamiento de constatación que habla de eso”, advierte Cáceres. Plazademayo.com accedió al documento judicial que habla de la “constatación del estado actual de las tierras”. “Este mandamiento ha sido ordenado en los autos caratulados: Parrilli Oscar Isidro José s/ otras causas”. En ese documento se expresa textualmente que “El oficial de justicia se encuentra facultado para hacer uso de la fuerza pública y allanar domicilios en caso de ser necesario”.

Los vecinos se asesoraron legalmente y decidieron elevar una denuncia ante el fiscal de turno por la violación de los deberes de funcionario público.

Para ser claros, desde la Asamblea aclaran que los vecinos no se niegan a la urbanización, todo lo contrario, quieren tener todos los servicios y pagar por ellos. Pero contrariamente el ahora gobernador de Río Negro, ex intendente de Cipolletti, “hasta usó máquinas de la municipalidad para levantarles los caminos de acceso al barrio”, denuncian.

Por si algo faltara, Abel Baratti, actual intendente de la ciudad, “cobraba una cuota por las tierras que ocupaban, un contrato totalmente trucho, se aprovechó de la ignorancia de la gente”, aseguran las asambleístas. Además, el “armado” de causas judiciales y las detenciones totalmente irregulares, están a la orden del día como método de disciplinamiento.
Basura

“La basura tiene que vivir con la basura”, fue la respuesta de Weretilneck cuando desde la asamblea se preguntó por la “solución” que les ofrecían a los vecinos, que trata ni mas ni menos de trasladarlos a vivir a lo que hasta hace poco fue un relleno sanitario.

Es que, claro, la opción para trasladar a estos productores y al resto de las familias que viven en los 22 asentamientos que tiene esta ciudad rionegrina es el llamado Distrito Habitacional Noreste. “Lo promocionan como si fuera el mejor lugar del mundo para vivir, han llegado a decir que si explotaba (la represa) El Chocón, esa zona seria la única en no verse afectada”, cuenta con indignación Maidana. Pero el distrito no es otra cosa que el antiguo relleno sanitario de la ciudad que recibió desechos domiciliarios y hasta transformadores eléctricos con PCV y residuos de agroquímicos durante 20 años. Como en la Asamblea dudaban del estudio de impacto ambiental del municipio, pidieron una segunda opinión, a la Universidad del Comahue.

Los resultados fueron totalmente opuestos a los oficiales, con la firma del ingeniero Eduardo Polito, profesor titular de la Cátedra de Saneamiento, se deja en claro que “solo es viable para un espacio de esparcimiento pero no para construcción de viviendas urbanas”. El estudio además cuestiona que no se hayan analizado las napas de agua y que la medición alcanzó solamente un metro de profundidad. No solamente desde la Universidad señalaron que no es apto para viviendas urbanas, sino que calificaron al terreno como “apto para la extracción de gas metano”. “Una locura por donde se lo mire”, cuentan Maidana y Cáceres. Para ser más gráficas señalan, “es como si aquí en Buenos Aires la gente que vive en Villa 31 la quieran mandar a vivir arriba del Ceamse”.

Por si algo faltara, en torno al distrito hay un gasoducto, que resultaría una bomba de tiempo si se pusiera en contacto con el gas metano, un canal de desagote industrial y una red de mediana y alta tensión.

Quienes habitan hoy la totalidad de los asentamientos, llevan en algunos casos más de 70 años en ese lugar. La mayoría, son terrenos fiscales y otros devenidos de herencias vacantes. Tras 4 años sin respuestas y un nivel de agresividad que va en aumento, desde la Asamblea decidieron realizar una denuncia penal por los amedrentamientos pero sobre todo, sacar a la luz el caso. “Ya no nos importa Parrilli, queremos vivir en paz”, aseguran.