Tras la confección de una nota, con la firma de varios residentes de la zona, Odarda envió una misiva a Díaz solicitándole su urgente intervención de un hecho que estaba a punto de suceder en la calle 26, esquina Ángel Vargas".
Esta mañana la Defensora comunicó que “por las consecuencias sobre la salud que producirá la influencia de las ondas electromagnéticas generadas por antenas de celulares en la población de centros urbanos, se debe tener en cuenta, en un ejercicio responsable de la función administrativa del Estado, el `Principio Precautorio´, sin duda un principio jurídico ambiental fundante que permite salvar las omisiones legislativas indicadas a los efectos de una sana y prudente decisión al respecto”.
Agregó que “este principio indica que ante la duda hay que abstenerse” e implica que, en casos en que no exista normativa y/o certeza científica respecto del impacto de determinadas actividades sobre el medio ambiente, las mismas deben ser realizadas bajo controles rigurosos.
La Defensora del Pueblo indicó que la aplicación de este principio cardinal del derecho ambiental, impone al Estado la obligación de adoptar todas las medidas necesarias a efectos de prevenir el daño ambiental, “de difícil sino imposible reparación cuando dicho daño comprende el daño a la salud de las personas”.
“Pediré los informes que correspondan y quiero que los ciudadanos tengan en cuenta que ya existen antecedentes que indican que las empresas de telefonía, ante los reclamos, desistieron de la instalación de la antena”, remarcó Díaz.
Cabe mencionar que existen conclusiones de numerosos estudios científicos respecto de la incidencia de la electropolución como factor de daño a la salud humana.
La Defensora Dra. Díaz pedirá informe a la Comisión Nacional de Comunicaciones, Secretaría de Medio Ambiente, Empresas de telefonía celular y al Municipio de Viedma.