Explicó Odarda que la figura de coacción "se define como la violencia física, psíquica o moral que alguien ejerce sobre otro individuo con el objetivo de obligarlo a que diga o haga algo contrario a su voluntad, o en su defecto para inhibir alguna acción o pensamiento".
"Este hecho lamentable se suma a la situación arbitraria de su designación, la que no se realizó en forma tal que garantizara la necesaria independencia que se requiere respecto al gobierno de turno", dijo.
Odarda manifestó que el funcionario "tampoco cumple con sus deberes en la forma esperada, pues desde el bloque legislativo se hicieron dos presentaciones que no fueron respondidas y el plazo se encuentra ampliamente vencido. Se le requirió que investigue en relación a las perforaciones subterráneas en la Línea Sur para favorecer a las empresas mineras y a la cuestionada designación de Gustavo Ferreyra a cargo de la Dirección de Minería, funcionario que estaría vinculado a actividades privadas para una empresa minera transnacional".
"Recordemos que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas es un órgano de control externo, es decir controla al Estado. Cuando hay un vínculo estrecho entre el controlado y el controlador, se están violando normas que regulan la funcionalidad de las instituciones democráticas y ello debe ser sancionado convenientemente", dijo.
“El funcionario cuestionado, junto con otros,  forma parte de un grupo político interno al partido gobernante, la '25 de septiembre', tal como fue difundido ampliamente por los medios de comunicación. Este hecho reviste una gravedad institucional sin precedentes, pues se estaría violando la Constitución Provincial y la Ley provincial de Ética Publica, pues los fiscales tienen las mismas obligaciones que los jueces y no pueden formar parte de espacios políticos”, afirmó Odarda.
“En el mes de septiembre hice una presentación ante la Defensoría del Pueblo de Rio Negro, cuestionando esta situación y pidiendo que se hagan las acciones correspondientes para su sanción y/o destitución, pero aún no se respondió a esa presentación”, cuestionó la parlamentaria.
"Un funcionario público debe tener una conducta intachable, y cuando esto no es así debe ser apartado de su cargo, inmediatamente" , insistió, señalando que "la Legislatura debe desaforar al Fiscal Marcelo Ponzone, porque cuando los actos vulneran normas fundamentales basadas en la ética y la moral del funcionario público, se hace un gran daño a las instituciones, y por ende se fomenta la falta de confianza y el descredito de los ciudadanos en el Estado”.