Por un lado, el máximo órgano partidario exigió a los parlamentarios del justicialismo que aprueben  los proyectos de la Ley de Educación, el Presupuesto 2013, las modificaciones al Código Fiscal y la renegociación de concesiones hidrocarburíferas.

El Consejo emitió una resolución que lleva las firmas del vicepresidente primero del PJ, Martín Soria; el vicepresidente segundo, Luis Albrieu y de los consejeros Carlos Peralta, Sergio Hernández, César Miguel, Rubén López, Pedro Pesatti, Hugo Lastra y Silvia Horne.

Cabe recordar que el Consejo Provincial está integrado por 17 miembros, es decir, que los nueve presentes, cercanos al gobernador, lograron el quórum necesario para sesionar.

Los ausentes responden al pichettismo y son Javier Iud, Silvia García Larraburu, Alejandro Marinao, Graciela Sgrablich, Adela Gambino, Juan Reggioni, Ariel Rivero y Gilberto Montanaro.

La resolución emitida manifiesta de manera categórica "el irrestricto acompañamiento y decidido respaldo, tanto al gobierno nacional que conduce la compañera Cristina Fernandez de Kirchner, la gestión provincial que conducen nuestro gobernador Alberto Weretilneck y el vicegobernador Carlos Peralta, la labor que desempeñan los legisladores del Frente para la Victoria y los mandatos que ejercen los distintos compañeros intendentes del Frente para la Victoria en la provincia".

Además, define reafirmar el carácter de "preeminencia" del Partido Justicialista en la conformación del Frente para la Victoria como "instrumento político que conduce la gestión de gobierno provincial y en función del cual habrá de propiciarse el principio de unidad en la acción política del gobierno".

En el artículo tercero, determina "impartir mandato político" a los legisladores afiliados al Partido Justicialista a fin que brinden "tratamiento favorable, y en consecuencia voten por la aprobación a las iniciativas legislativas a tratarse en la sesión extraordinaria a celebrarse en cumplimiento de los dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial por Decreto 1799/2012".

A los efectos de cumplimentar lo resuelto, el Consejo instruyó la notificación a los legisladores "haciéndoles saber que el incumplimiento del mandato político impartido podría situarlos incursos en un acto de grave deslealtad e inconducta partidaria".

Además, se definió requerir al tesorero a que en el plazo de cinco días brinde informes pormenorizado y por escrito respecto del estado de situación económica del Partido, debiendo dar cuenta de los ingresos y egresos verificados desde su asunción al cargo hasta la fecha y acompañando la documentación respaldatoria.

Asimismo, el Consejo resolvió que ante el carácter extraordinario de la resolución y las inasistencias de los restantes integrantes que conforman el órgano partidario se convoca a nueva reunión para el 22 de diciembre a las 10 en la sede de la ciudad de General Roca.

Finalmente, sorprendió que el Consejo no haya hecho referencia a la grave agresión sufrida el viernes pasado por un dirigente del PJ viedmense.

“Extorsión”

Por su parte, los aliados a Miguel Pichetto emitieron anoche un comunicado en el que expresan que “el Consejo Provincial del Partido Justicialista es el Órgano de Gobierno, de conducción,  de carácter ejecutivo presidido por quien, conforme el artículo 12 de la COP, encabeza la Lista Ganadora”.

Añade el escrito que “el presidente es el único cargo electo como tal. El Cro. Miguel Pichetto fue electo mediante elecciones internas, formalmente convocadas, como todo el actual Consejo Partidario.

Nadie puede desconocer que ante la situación vivida tras el fallecimiento  de Carlos Soria, fue la propia Presidenta  de la Nación la que requirió el resguardo de la institucionalidad en todos los órdenes, inclusive el partidario.

El pedido de la compañera Presidenta obedece a la preponderancia del rol que cumple el compañero Miguel Pichetto en el andamiaje del gobierno Nacional, como Presidente del Bloque de Senadores del Frente para la Victoria y como activo militante y defensor de las políticas que transformaron la realidad social de la Argentina.

El Partido Justicialista vertebra y sustenta el armazón del Frente para la Victoria en la Provincia de Río Negro, por lo tanto sus autoridades y de manera excluyente, su Presidente, deben participar en los grandes lineamientos de la Política Provincial.

Las convocatorias al Consejo, realizadas por el Presidente, deben formularse a todos los integrantes titulares del mismo, con convocatoria expresa, y con una antelación de 72 horas. Este mecanismo formal de convocatoria a sesiones ordinaria surge del propio texto de la Carta Orgánica y de la Ley Nacional Electoral y su par provincial, así como de la doctrina, la jurisprudencia  en la materia y los usos y costumbres del justicialismo rionegrino a través de toda su historia política institucional.

El mecanismo de reunión extraordinaria por las causales que se invocan en la pretendida resolución  que han numerado erróneamente como 19, no esta previsto en la Carta Orgánica partidaria, siendo un instrumento de exclusivo uso del Congreso Partidario, órgano soberano.

Esta supuesta reunión extraordinaria del Consejo, es simplemente una reunión política, que no puede emitir resolución alguna atento que no se ha cumplido el mínimo de recaudos legales para su legal convocatoria. Es mas, lo que resulta del todo improcedente e inaplicable a derecho, es que el propio Presidente  del Partido sea citado a esta reunión por un Consejero por Carta Documento.  

Asimismo no es cierto que hubiere reiteradas negativas para su formal convocatoria, las que jamás fueron requeridas, así como otros argumentos menores con los que pretenden fundar su supuesta resolución.

El escrito emitido constituye un claro mensaje de extorsión a los Legisladores para que voten leyes a libro cerrado procurando convertir a la Legislatura en una mera escribanía de los designios del Gobernador de la Provincia. En algunas de esas leyes es imperioso garantizar la transparencia en su tratamiento, por lo que adelantamos que en el caso de la prorroga de contratos petroleros realizaremos un pormenorizado estudio y entablaremos una discusión a la luz pública con el fin de despejar toda duda en un tema tan sensible, de esta manera estaremos cumpliendo acabadamente con otro de los postulados en el que se sustentó el compañero Carlos Soria en la campaña política, la transparencia  y la claridad de los actos públicos.

Queda en claro que esta reunión persigue  encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto.

En tal sentido el Partido Justicialista  de Río Negro, en la persona de su Presidente y Consejeros Titulares no presentes en esa reunión política, no van a permitir este nuevo intento de atropello institucional, el que deberá resolverse en ámbitos partidarios soberanos. 

Así la supuesta Resolución 19 es nula de nulidad absoluta y  carente de todo efecto jurídico electoral, como se resolverá judicialmente, para el caso de que se pretendiere su validez.

Por ultimo recordamos a los compañeros que suscriben la citada resolución que, de acuerdo a la Carta Orgánica, no solo deben preocuparse por las finanzas partidarias a cargo de un dirigente de probada honestidad y seriedad elegido por unanimidad del Consejo, sino que propugnar el mantenimiento del régimen democrático, de las libertades y derechos individuales y de la profundización de la Justicia social y la plena vigencia de los derechos humanos, como manda el Art. 1º de la citada Carta Orgánica”.

Firman el documento Humberto Marinao, Ariel Rivero, Juan Reggione y Silvina García Larraburu.