La resolución 313 define las estructuras orgánico-funcionales de cada una de las Unidades de Gestión Local (UGLs) y estipula que cada uno de los cargos jerárquicos deben ser cubiertos por los trabajadores que ya hayan cumplido funciones en cada uno de los casos.
Esta resolución es parte integrante de un conjunto de normas de avanzada que fueran dictadas por las autoridades de la obra social en relación al recurso humano de la institución. Para su implementación se invirtieron sumas millonarias, ya que se requirió de un censo en todo el país y se firmó un acuerdo para que el mismo sea realizado por una universidad.
No obstante la claridad en los preceptos de esta resolución y las cifras millonarias invertidas para su implementación, las autoridades locales de la obra social avanzan en la violentación de la normativa.
"Tenemos que señalar que oportunamente los trabajadores reconocimos a esta resolución como una medida de avanzada en materia de recursos humanos y que por primera vez, con objetividad, se reconocían los derechos de todos los empleados de PAMI", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro.
"Hoy estamos frente a un intento por parte de las autoridades de volver a los acomodos y utilizar el dedo para cubrir las vacantes. Sin lugar a dudas que si se materializan las propuestas elevadas por los funcionarios locales de la UGL se configurará un grave retroceso en las políticas de la obra social", agregó el dirigente de los estatales y concluyó: "Hay que decir que además ya se encontraban aprobadas en distintas instancias las propuestas reales para cubrir los cargos y que se contaba con el visto bueno de autoridades nacionales. Evidentemente existe un desconocimiento de las normas, o bien la clara intención de violarlas, por lo que los trabajadores no descartamos hacer las denuncias pertinentes y realizar las acciones gremiales necesarias para peticionar su cumplimiento".