Dolor y bronca marcaron los últimos ocho años de estas familias que con mucho esfuerzo compraron los terrenos donde construirían sus casas, pero nunca lo lograron.

Idas y vueltas, reuniones, marchas, reclamos, promesas, presentaciones judiciales. Hubo de todo en los últimos años. Recién ahora, después de tanta lucha, se van conociendo noticias alentadoras.

Sucede que el IPPV, luego de algunas reuniones en Buenos Aires, habría logrado destrabar la construcción de las 23 unidades, incluyéndolas en el futuro plan de 50 viviendas que se licitará próximamente en la capital.

La semana próxima habrá un nuevo encuentro entre el IPPV, la Fiscalía de Estado y los los vecinos afectados por esta situación. En ese marco, se firmaría el acta correspondiente.

Norma Ortiz, una de las perjudicadas, señaló a FM DE LA COSTA que “todavía no hemos logrado tener la vivienda” pero “este año tuvimos buenas noticias”.

Explicó que la semana pasada se reunieron con el titular del IPPV, Luis Bardeggia y con el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, quienes informaron sobre las gestiones desarrolladas en Buenos Aires.

“La semana que viene tenemos una nueva reunión para firmar un nuevo convenio”, destacó Norma, notablemente más aliviada con la noticia.

“Ahora hay fondos para construir las nuevas viviendas. Nosotros ya pagamos un terreno, pero no lo tenemos. Por eso el Municipio donó otros terrenos para hacer nuestras 23 viviendas”, remarcó la vecina.

Señaló que hay “mejores expectativas” porque “este gobierno quiere arreglar el tema”.

De igual forma, fue crítica con la gestión anterior. “Firmamos un convenio que fue una locura, fue para descomprimir el quilombo que se armó porque habíamos tomado una casa”.

Mientras tanto, entre fines de julio y principios agosto, luego de la feria judicial de invierno, Carlos Sansuerro, ex secretario general del sindicato de los Viales y Carlos Iturburu, titular de House Vial, serán enjuiciados en una causa que involucra a cientos de damnificados por presunta estafa. 

Sansuerro e Iturburu se encuentran procesados y detenidos desde hace un año y medio en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 2 de General Roca.

Las causas tienen que ver con el plan de 20 viviendas otorgadas en el 2006 para empleados del sindicato y con la comercialización del plan de las 167 viviendas.