Dicha solicitud del gobierno provincial se dio en el marco del expediente N° 7511/2012 caratulado “Caccamo, Mario Salvador, contra Suárez Paula sobre desalojo”.
Entre los principales argumentos plasmados en el escrito, consta lo dictado al respecto del Derecho al Hábitat y el carácter social de la propiedad, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Respecto de esto último, el escrito hace hincapié en la no intervención durante gran parte de proceso de la Defensoría de Menores, vulnerando así los derechos de los niños que habitan en dicho sector de la ciudad. Cabe señalar, que la Defensoría en turno fue notificada del caso, una vez presentado por la defensa el recurso de casación a la sentencia; es decir, cuatro años después de iniciado el proceso judicial.
Por otra parte, si bien la misiva de la Secretaría de Derechos Humanos no lo menciona, el pedido de revisión del fallo y la garantización del derecho al hábitat, forma parte del reclamo que los ocupantes vienen realizando desde enero de 2009.
La intervención del Gobierno de Río Negro a través de la Secretaría a cargo de Néstor Busso, se suma a la presentación realizada por la Comisión Nacional de Tierras dependiente de Jefatura de Gabinete de la Nación, y de la realizada por el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria de la Ciudad de Viedma.
Debe destacarse que desde el momento de la conformación de dicha toma, la propuesta de las familias habitantes ha sido la de la compra de los terrenos. Más allá de la denuncias y demandas judiciales en contra de los ocupantes, no se han podido establecer a la fecha instancias de negociación para tales fines.
Asimismo, tampoco los reclamantes cuentan con títulos de propiedad válidos que certifiquen la posesión de dicho predio.
Debe recordarse, que dichos terrenos antes de producirse la ocupación consistían en un descampado convertido en basural a cielo abierto; cosa que acarreó innumerables conflictos para los vecinos de la zona.
Las familias que habitan la denominada Toma de Santa Clara, alcanzan el número de 75. La mayoría de la viviendas construidas son de ladrillo y prefabricadas.
Tal como consignan los diferentes pedidos de revisión y negociación de partes, se producirse el desalojo de la familia demanda, sentará un antecedente judicial para el resto de los ocupantes, tanto en esta toma como en las del resto de la Provincia de Río Negro.

FUENTE: GPS