Defensoría expresó su preocupación por el avance privado sobre espacios públicos

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Destacó no obstante que hay una gran tarea del Departamento Provincial de Aguas (DPA) delimitando las líneas de ribera y “Río Negro tiene la legislación más moderna del país en este sentido”.
 Expresó que hay casos donde se “sobrepasa y se avasalla a las normas que precisamente delimitan cuál es el alcance las propiedades privadas” y que en esos casos debe intervenir los municipios duramente, como ha pasado en San Antonio Oeste.
Díaz señaló que en algunos casos de privados que alambran sus propiedades sobre lagos e impiden el acceso público, como en los lagos Gutiérrez y Nahuel Hupi, ha intervenido el Departamento Provincial de Aguas (DPA), demarcando los mojones que resguardan la franja costera pública.
Informó que “en el mes de febrero último nos encontramos con algunos vecinos autoconvocados en relación a que un particular había colocado sobre el Lago Gutiérrez el alambrado a un metro y medio del agua en la costa, por lo tanto también autoridades del DPA coincidían en que claramente estaba mal delimitada la línea de ribera, que separa el dominio público del privado”.
Enfatizó que nuestra intervención en este caso “sirvió para interiorizarnos de las normas del DPA y hay que destacar que Río Negro tiene la legislación más moderna del país en este sentido”.
Sobre la tarea de demarcación de la línea de ribera en la Zona Andina, indicó a la agencia APP que “falta delimitar algunas zonas del lago Gutiérrez y también en la costa de Viedma a finales de la desembocadura del río Negro llegando al balneario El Cóndor”.
Explicó que está visualizando que en muchos casos hay más respeto a las normas vinculadas a resguardar la zona pública de las áreas costeras de ríos y lagos, pero “en otros, como sobre el Nahuel Hupi, se hace caso omiso a las normas, tanto municipal como la que fija el DPA”.
Expresó que hay casos donde se “sobrepasa y se avasalla a las normas que precisamente delimitan cuál es el alcance las propiedades privadas” y que en esos casos debe intervenir los municipios duramente, como ha pasado en San Antonio Oeste.
Reiteró que la Defensoría “se va a bregar por el buen cumplimiento y el marco legal de todas aquellas situaciones que perjudican a los vecinos o a las turistas que vienen a conocer lugares y se ven impedidos de hacerlo”.
Informó sobre otros hechos, que en el mes de mayo en un predio del DPA “determinamos gracias a la delegación de la Defensoría en Zona Andina que se encontraba altamente contaminado el arroyo Ñireco que pasaba por esa área, con mucha basura, agravado por los asentamientos irregulares sobre el curso de agua”.
Indicó que la acumulación de basura se produjo porque no estaba la demarcación de alambrado que en general había sido robado y que permitiría resguardar esa zona e impedir que se arroje la basura.
Destacó no obstante que “el Ministerio de Obras Públicas informó en estos días que hizo la licitación de estos alambrados, ganando la empresa NSC; esperemos que se tomen las medidas pertinentes para una vez colocado se resguarden”.
Recordó a la agencia APP que la oficina de la Defensoría en Bariloche está habilitada “desde noviembre del año pasado” y allí funciona además la representación de la defensora del Pueblo local y la nacional para la Zona Andina. “Las tres jurisdicciones estamos trabajando allí coordinadamente, lo que es un gran avance”, aseveró.
Destacó que hay otra delegación del organismo en Villa Regina para el Alto Valle “y estamos próximos a abrir dos oficinas más”.
 

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