El último plazo que se había otorgado al Ejecutivo para las obras venció el jueves 15, pero se cumplió sin que haya movimientos dentro de la cárcel.

El juez de Ejecución Penal Juan Pablo Chirinos impuso "astreintes", una sanción económica a Weretilneck, el ministro Luis Di Giácomo; Martha Arriola, secretaria de Seguridad; Gustavo Ferraiuolo, Servicio Penitenciario, y al subsecretario de Administración de la Secretaría de Seguridad, Daniel Badié, según publican el Diario La Mañana de Cipolletti y la agencia APP.

La sanción fue fijada en el "10% de la remuneración mensual bruta" a partir de la notificación y sólo perderá vigencia con el comienzo de las refacciones en el colapsado edificio del Penal 2.

Además, el magistrado volvió a fijar restricciones a la utilización de la cárcel. Dispuso que la población no supere las 250 personas y que no se puedan alojar mujeres o policías en espacios anexos porque no hay lugares adaptados para su reclusión en el lugar.

Di Giácomo calificó de irresponsable y mediática la resolución del juez Juan Pablo Chirinos

El enojo de Di Giácomo

En tanto, el ministro Luis Di Giácomo, consideró "poco relevante" la decisión del juez Chirinos, ya que "se basa en consideraciones erróneas y sin fundamentos".

Afirmó que es una resolución “mediática” que será apelada a la brevedad.

El funcionario indicó que resultan "más graves e irresponsables las consideraciones del fallo que hablan de la posibilidad de ordenar una liberación parcial de los internos, ya que indudablemente pueden incitar a la violencia a la población carcelaria".

Dijo también que “tan grave como esto es prohibir que se produzcan el ingreso de nuevos detenidos, porque esto coloca a los jueces y a la policía ante la imposibilidad de reprimir el delito”.

Di Giácomo aseguró que “el juez parte de una premisa errónea, ya que no es verdad que las obras no comenzaron, por el contrario, los trabajos fueron licitados, adjudicados y la empresa está ejecutando las obras”, adelantando que esa firma constructora entregará un informe con los avances que servirán de fundamento para la apelación que se realizará de la resolución judicial.

Explicó además que “si la obra hasta el momento no tiene el avance  que le gustaría al señor juez, es por estrictas razones de seguridad que necesariamente limitan que se pueda realizar aceleradamente la parte central de las refacciones y reacondicionamientos edilicios”.

El Ministro aclaró que no existen cuestiones económicas o burocráticas que traben el desenvolvimiento de la obra, ya que la administración provincial está cumpliendo con todos los pagos y compromisos establecidos en el pliego con la empresa Roque Mocciola, que es la adjudicataria de los trabajos.

Señaló que cuando se encara una obra en un establecimiento penal y hay imposibilidad de un traslado masivo de los internos a otra cárcel, como ocurre en este caso, “se deben ir haciendo reacondicionamientos parciales para producir movilizaciones internas que permitan encarar los trabajos más importantes sobre los pabellones”.

Aseveró que “no podemos generar desplazamientos masivos que pongan en riesgo la seguridad del penal y la posibilidad de intentos de fuga por parte de los internos, con la consecuente puesta en riesgo de vida del personal penitenciario y de la ciudadanía en general”.

Di Giácomo reflexionó que en última instancia la parte del fallo que fundamenta la aplicación de sanciones económicas no preocupa ya que la administración provincial tiene toda la documentación y las pruebas que avalan que la obra y los plazos de los trabajos se están desarrollando de acuerdo a la manda judicial y a parámetros lógicos y responsables.

El funcionario criticó a la vez severamente la presión del juez a las autoridades del Poder Ejecutivo al decir que de no cumplirse la obra en los términos que él prevé, se puede ordenar la liberación de una parte de los reclusos, lo que no solamente constituye un acto fuera de toda razonabilidad judicial, sino que atenta contra la seguridad pública.

Señaló que “parece que el señor juez no aprendió del dolor que le causó a la familia Araya cuando producto de su decisión de otorgar precisamente una salida transitoria a un interno con antecedentes de peligrosidad, esto desembocó en la muerte de un buen ciudadano”.

Reflexionó que “indudablemente si el juez dice que puede liberar a una parte de los internos, esto puede incitar a la población carcelaria a realizar un motín exigiendo que el magistrado lleve adelante esta medida”.

Indicó que resulta por lo menos incoherente que por un lado se invoque aceleración de las obras en el penal, sin contemplar el contexto en que las mismas se tienen que llevar a cabo, para dar más seguridad, y por otro lado se ponga en riesgo a la misma al anunciar que podría liberar presos que en muchos casos tienen peligrosidad por sus antecedentes.