Desde la Central Obrera se considera que las urgencias financieras y económicas del Gobierno Provincial impiden que pueda llegarse a un buen acuerdo y que existan las exigencias de inversión necesarias, como así también preocupa la imposibilidad técnica que tiene el Gobierno para realizar cualquier tipo de control sobre la actividad. 

Además, desde la CTA ‎rionegrina se denuncia que el contrato en cuestión afectará notoriamente el medio ambiente, afectando de esta manera derechos esenciales de todo el pueblo de la provincia. En este punto, la Central no sólo piensa en el daño futuro, sino también en la reparación del pasivo ambiental. 

Por otro lado, se cuestiona que la inversión propuesta por la empresa de más de 98 millones de dólares, como aporte al desarrollo social e institucional, no está asegurada ‎y queda condicionada solamente a su voluntad, sin que el Estado tenga la posibilidad de exigir jurídicamente su cumplimiento. 

"El Gobierno no puede hipotecar, con la firma de este contrato, el futuro de todos los rionegrinos. ‎Las urgencias financieras que tiene la provincia nos colocan en una situación de absoluta debilidad a la hora de negociar. Pareciera ser que sólo interesa el ingreso de fondos extraordinarios y no se piensa que estamos ante un recurso no renovable y cuya explotación además contamina nuestro medio ambiente", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General electo de la CTA Río Negro y agregó: "El Gobierno debe defender el petróleo de los rionegrinos y los diputados también tienen la obligación de defender nuestros recursos naturales y bienes de uso común. ‎No se pueden afectar nuestros derechos y el de futuras generaciones, firmando un acuerdo que implique la entrega de todo nuestro petróleo, a cambio de casi nada".