A menor índice corresponde una menor presión sobre los sectores rentísticos en perjuicio de los consumidores, favoreciendo la concentración económica en perjuicio de la integración social y el empleo. Para hacer crecer nuestro índice habría que interrumpir la dinámica de la “patria financiera” que sigue acumulando las mayores ganancias de todos los sectores evaluados de la pasada década, alcanzando en 2013 los u$s 50.000 millones, gravando las rentas actualmente exentas de la especulación ¿buitre local? Estas ganancias desgravadas se apoyan tanto en el crecimiento descontrolado de las comisiones que al igual que las tasas cobradas de préstamos personales y a las PyMES, crecen muy por encima de la inflación sin "precios cuidados", como al trato privilegiado otorgado para sus posiciones en divisas durante la megadevaluación y la suba de las tasas de interés consecuentes

A esa estructura regresiva, se suman los efectos de la evasión, elusión, resoluciones regulatorias, punitivas y las carencias de controles efectivos que operativamente profundizan la tendencia. La tasa de evasión del impuesto a las Ganancias supera el 50%, pero en lugar de mejorar la fiscalización, se ha optado por postergar la actualización de los montos mínimos no imponibles determinando que la participación de los asalariados que lo tributan sea mayoritaria y alcance antes de fin de año a los 4 millones de trabajadores y monotributistas. La tasa estimada de evasión del IVA es superior al 30% triplicando los guarismos de Chile (11%), principalmente por el difundido uso de facturas truchas y la generalizada expansión de ventas informales tipo “saladitas” que potencian el trabajo esclavo e infantil.  Sólo con lo que se evade de los impuestos a las ganancias y al valor agregado (IVA) y sin considerar los otros impuestos nacionales, provinciales y municipales, se podrían construir por año 8.000 nuevas escuelas primarias, con jardines de infantes incluidos, o se podría dar la asignación universal por hijo durante todo el año a 29 millones de niños. Muchos más que el total de menores de edad que vive en la Argentina y que los 3,8 millones que la reciben.

Por su volumen y derivaciones sobre la competitividad del sistema, la estabilidad macroeconómica, las economías regionales, el medio ambiente, etc. la ceguera del estado respecto de la dinámica de apropiación de la renta hidrocarburífero es aún más manifiesta y dañina. Hace ocho años senadores nacionales iniciaban la causa N° 3518/2006, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7; demandando que se investigara si la compañía petrolera REPSOL había cometido los delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, entre otros. Los denunciantes que reactualizaron sus actuaciones con posterioridad a la expropiación estatal en marzo de 2014 también solicitaban se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la deserción del Estado en su ejercicio de poder de policía. En la Provincia de Río Negro, el control de los cuantiosos fondos hidrocarburíferos ha sufrido similar descuido por parte de la totalidad de las reparticiones involucradas. Ante los ojos cerrados del Ejecutivo Provincial, ni el Poder Judicial, ni los organismos de control, ni la Aduana, ni la AFIP, ni Rentas, ni IPJ, ni los legisladores han tomado nota de las recomendaciones formuladas por la Auditoria General de la Nación en su informe nº 195/05 ante evidente déficit en los controles estructurales y operativos observados en el sector hidrocarburífero. Ninguno de dichos organismos exigió a los concesionarios hidrocarburíferos que hagan públicas, la relaciones de consistencia entre los niveles iniciales, evolutivos y finales de las reservas informados a las autoridades estatales, a sus accionistas y las calificadoras de riesgo. La relación de coherencia entre las cantidades, calidades y valuaciones  de los hidrocarburos de distinto tipo y sus subproductos como se ha realizado exhaustivamente en otras ramas industriales.  No se registran informaciones sobre las variaciones del nivel de reservas determinados en 25 años por la evolución de la tecnología y los precios relativos, que agregaron la factibilidad de la recuperación secundaria y terciaria, el shale oil, el tight gas, y nuevas estimaciones de reservas no convencionales en las áreas concesionadas que no se han discutido. Tampoco se han difundido los resultados de las denuncias que giró el Poder Ejecutivo Nacional a Petrobras y OIL por acciones formadoras de precios oligopólicos en contra de la competencia. No se han difundido las bases de datos generadas, la evolución tecnológica de los medios de electrónicos de comprobación de volúmenes y calidades que se han incorporado. Sólo fueron difundidas extravagantes iniciativas de emplear drones voladores para controlar gaso/oleoductos subterráneos. Los drones han sido ya denunciados en otras jurisdicciones fronterizas por su potencial uso por parte de narcotraficantes para eludir radares, pero no se registran mayores antecedentes para la realización de auditorías petroleras que no necesitan en la era de internet recorrer los pozos, los featrímetros, ni el terreno continuamente para conocer cantidades y calidades extraidas.

La Secretaría de Energía de la Nación que ha interrumpido sus informes desde 2011, afronta numerosas denuncias por cobro subestimado de importes de canon, de inacción ante los diferencias de precios de exportaciones simultáneas de crudo desde distintos puertos argentinos y de imputaciones incorrectas de pagos en mora, sin haber dado al momento respuesta cabal a los mismos. La propia Secretaría difundió oportunamente que en 2004 la demanda interna representó el 64% de la extracción, las exportaciones casi un 14% y los volúmenes con destino desconocido más del 22%. El “consumo en yacimientos” de ese año y de otros anteriores fue  similar al consumo gasífero del conjunto de  los usuarios residenciales. Estas llamativas inconsistencias fundaron sucesivas denuncias de realización de exportaciones no fiscalizadas, venteo excesivo, venta clandestinas al mercado local, e incluso manipulación de datos de reservas, márgenes operativos, volúmenes comercializados, etc. Estas maniobras al igual que la venta de concesiones, habrían permitido a los Concesionarios Hidrocarburíferos incrementar el valor de las cotizaciones bursátiles de sus acciones, eludir impuestos, fugar divisas y aprovechar los precios diferenciales contrabandeando a los países vecinos.

Estudios de la Universidad del Salvador han establecido que las pérdidas del sistema de transporte y/o venteo en su conjunto han representado históricamente entre ambos factores menos del 2% de la producción nacional. El acumulado para el período 1996-2004 de estos volúmenes con destinos desconocidos (o "blanqueados" vía "gas aventado" o "consumido en yacimiento") asciende a 93.062 millones de m3; es decir, el equivalente a más de 2 años y medio de satisfacción de la demanda del aparato productivo nacional. Mientras esto ocurría el consumidor de gas envasado (garrafa) pagó 6 veces más el metro cúbico que el consumidor de gas por redes a las que tiene acceso menos de la mitad de los argentinos. Estas circunstancias  determinan que decenas de miles de rionegrinos sigan dependiendo para sobrevivir al invierno de la entrega de leña mediante el sospechado “Plan Calor” o la garrafa social, ajados vehículos del clientelismo político rionegrino.

Los antecedentes mencionados y otros demuestran la incapacidad de las distintas reparticiones del Ejecutivo rionegrino para asegurar el cumplimiento efectivo de las inversiones sin garantías de caución prometidas al igual que las que se incumplieron durante los últimos 25 años. Su reticencia para sustraer del debate público los anexos y la documentación de respaldo en tiempo y forma, el escamoteo de los informes ambientales negativos, la omisión de la ruinosa situación económico-financiera de Petrobras, el silencio sobre el papel y la situación real situación de Edhipsa, etc. han erosionado su credibilidad, enturbiando el debate. Respecto de las investigaciones, litigios y multas que le han aplicado en la totalidad de las provincias petroleras, nuestra provincia constituye una excepción única, al no haber aplicado ninguna. Resulta llamativo que la Secretaría de Energía haya ignorado sistemáticamente las múltiples infracciones que refleja la prensa nacional e internacional, sobre derrames, ausencia de inversiones y reparaciones, contaminación, sobrexplotación, transportes indebidos, evasión fiscal, amparos ambientales, falta de pago de canon de servidumbre a los puesteros, de indemnizaciones y agua potable a los superficiarios, accidentes mortales de trabajadores, pérdidas de pastillas radioactivas, violaciones a la ley Nº 25.156 antimonopolios, etc. etc. muchas de los cuales han sido objeto de atención por parte de otros organismos independientes como la Defensoría del Pueblo y diversas ONGs, sin haber concretado ninguna sanción o multa al respecto.

En medio de este debate plagado de sospechas y denuncias en el plano nacional sobre los funcionarios que sucesivamente han ocupado cargos claves de decisión y control sobre las concesiones hidrocarburíferas acusándolos como partícipes necesarios de una eventual conducta constitutiva de encubrimiento, por no haber denunciado, ni haber actuado a tiempo para impedir o para que cese la comisión de variados ilícitos, públicas denuncias de legisladores de Río Negro sobre intentos de coimas y acusaciones cruzadas, los máximos funcionarios del área energética estresados se han ido de paseo. En efecto el Secretario y el Subsecretario de Energía de Rio Negro consideraron oportuno viajar a Brasil para presenciar el Mundial de Futbol invitados por un amigo común, casualmente Presidente de una empresa proveedora de servicios al sector petrolero, brindando originales explicaciones sobre la legitimidad ética de la cuestión. Decía Moliere, “si no puedes ser virtuoso, al menos se discreto”.

Todo hace sentido en este esquema de cordialidad con la “patria contratista”, lo grave es que  asistimos a una forma de gobierno parasitario, deslegitimado no solo por los obscenos y primerizos cruceros al Caribe de sus aldeanos funcionarios, sino por su notoria incapacidad y falta de vocación por resolver los graves problemas pendientes. Para restaurar la confianza, necesitamos bolsillos y paredes de cristal, actitud austera y rendición de cuentas periódica y sistemática. Juicios Políticos, destituciones y revocaciones de mandato para los procesados y los avivados. Techos salariales de tres salarios mínimos como ya han adoptado legisladores nacionales y europeos. Temporalidad estricta de los cargos sin reciclaje y sin integración de Consejos de Administración de las Empresas Privadas contratistas del estado. Prohibición de privilegios tributarios o jubilatorios, aplicación estricta de ley de ética pública e incompatibilidades. Habría que  dejar de invocar la patria cuando se habla de dinero y de venta de buzones, abandonar las acusaciones cruzadas y ocuparse de controlar, recaudar y redistribuir los fondos públicos para asegurar la igualdad de oportunidades. Es necesario formalizar el empleo público creando una carrera administrativa y concursos generalizados, eliminando la evasión de los ingresos no remunerativos, de los fondos reservados, publicar los viáticos. Dejar de usar el avión privado que le pagamos todos para ir a los cumpleaños de empresarios petroleros a pactar traiciones, al menos mientras haya carencias tan graves en hospitales/escuelas y aumente la muerte de bebés rionegrinos. Llamar al orden a los sinvergüenzas, cesar la ostentación de los megabeneficios frente a los excluidos y desempleados en nombre del más elemental decoro y dar acabada cuenta detallada del uso de los fondos públicos. Que esta casta a la que no la afectan los recortes, ni la inflación, ni los simulacros de despidos, ni las conspiraciones que los quieren “tumbar”, mientras viven como los nuevos aristócratas y dictan blanqueos de capitales para el crimen organizado, el narcotráfico, los lavadores de dinero de la obra pública o los dueños de la máquina de hacer plata,  que nos hacen convivir con la inseguridad del delito y de la salud, mientras despiden, suspenden, precarizan, “aprietan” trabajadores y persiguen a monotributistas/PyMES entiendan que la gente está cansada de esta justicia para ricos impunes y sus venales “funcionarios funcionales” que cuando no quieren ver, simplemente cierran los ojos, bien cerrados.