Auto del millón: el gobernador tiene la oportunidad de bajar ?sus lujosas pretensiones

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Se pueden entender las necesidades de quien ejerce la máxima autoridad política y administrativa en Río Negro, a partir de la extensa geografía provincial que debe recorrer, de contar con un automóvil absolutamente seguro y confortable. Pero los funcionarios que llegan a gestionar el Estado, también tienen límites éticos y morales que respetar, sin perder nunca de vista las necesidades que tiene el conjunto de la población. 

En toda compra ‎que realiza el Estado y máxime en aquellas que están destinadas a satisfacer las necesidades de trabajo -y también las personales de los funcionarios políticos- se debe tener austeridad. No se pueden dilapidar los recursos generados por el pago de impuestos de los ciudadanos, más aún cuando existen sectores sociales vulnerables y excluidos del alcance y contención de las políticas públicas.

Existen en el mercado local unidades que contengan los instrumentales de seguridad y de confort necesarios a un valor cercano a los $400.000. Sí el Gobierno insiste con la compra, necesariamente debe modificar los pliegos y bajar sus pretensiones, teniendo en cuenta que no existe ningún justificativo para que el Estado produzca esa millonaria erogación. 

"Los trabajadores y el pueblo no advertimos un cambio tan positivo en la provincia como plantea el gobierno ‎con sus decisiones. Hace exactamente un año se bajaban los sueldos, se achicaba la planta de funcionarios y se daban de baja líneas telefónicas oficiales. Ahora parece que hubiera existido un cambio radical, porque se vuelven a aumentar los sueldos políticos y pretenden comprar automóviles lujosos. Siempre pasa lo mismo, si hay mejoras es para los políticos, pero nunca llegan a la población", sentenció Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Río Negro y agregó:

"El Gobernador tiene una posibilidad concreta de dar una señal de austeridad al pueblo y no insistir con una compra tan lujosa como ésta. Eso será muy bien visto por todos. Debemos seguir exigiendo que los funcionarios políticos ‎respeten límites éticos y morales mínimos en el ejercicio de sus funciones".
 

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