La propuesta tiene por objeto proteger integralmente y operativizar los mecanismos que garanticen los derechos de las personas que se encuentren en esa situación, en reconocimiento de las garantías constitucionales y tratados internacionales a los que Argentina haya adherido en materia de derechos humanos.

La parlamentaria propone que sean considerados beneficiarios de esta norma quienes, sin distinción de género u origen, habiten en forma transitoria o permanente en la calle o espacios públicos de cualquier localidad rionegrina, utilicen o no algunos de los sitios de caridad que ofrecen alojamiento nocturno.
Uria considera, entre otros argumentos, que es un deber del Estado ejercer acciones positivas tendientes a erradicar prejuicios, la discriminación y las acciones violentas hacia este grupo social, con el fin fin de garantizar y protejer sus derechos así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario.

En tal sentido promueve el acceso prioritario a los programas de desintoxicación y tratamientos para personas bajo condiciones asociadas al abuso de sustancias, la salud mental y las discapacidades, según las particularidades del sujeto.

También procura que se realice un relevamiento anual de las personas en situación de calle con información detallada que posibilite su diagnóstico y fijar políticas puntuales para los distintos subgrupos.

La legisladora de la Alianza sostiene en los fundamentos que "el crecimiento demográfico de las últimas décadas junto a la globalización, han acentuado la marginación de personas sin hogar con una marcada exclusión social que las lleva a verse impedidas de reinsertarse laboralmente así como de reconstruir lazos familiares y sociales".

Asegura que particularmente en Río Negro, "se ha trabajado en la elaboración de estrategias destinadas a mejorar las condiciones de desigualdad existentes, para lo cual se han creado diversas políticas sociales destinadas a la contención de las familias y las personas, pero, muchos sectores vulnerables como las personas en situación de calle, han quedado fuera de los sistemas de protección social".

"El Estado no puede ni debe permanecer indiferente ante esta realidad. Por el contrario, debe abordar vigorosamente la temática y transformarla en una de sus prioridades, en la ejecución de acciones que aborden de manera sistemática y organizada las medidas que aseguren albergue temporal, alquileres accesibles y protección contra el desahucio arbitrario injusto o ilegal. Las medidas transitorias y el asistencialismo no resuelven el problema", afirma Uria.