No sólo el Estado no garantizó los derechos de esas niñas y adolescentes, sino que bajo la guarda del propio Estado, tuteladas por las normativas que las “protegían” según legislaciones provinciales, nacionales e internacionales, se las vulneró y corrompió en su máxima expresión haciéndolas objeto de la aberrante trata de personas.
Es responsabilidad del Estado velar por ellas, resguardarlas de todo riesgo y garantizar su inserción en la sociedad. Habiendo incumplido con este cometido, por la gravedad de la situación y lo repudiable de los hechos, EXIGIMOS JUSTICIA CON CELERIDAD para el esclarecimiento y condena real y efectiva de los responsables.
En este 24 de marzo decimos no a la impunidad.
Juicio y castigo a los responsables.
6 mayo 2024
Río Negro