En este sentido, más allá de la decisión de la Cámara, cuyos fundamentos aún no se conocen, los vecinos señalaron que la manera de actuar de los jueces María Luján Ignazi, Gustavo Guerra Lavayén y Rolando Gaitán desenmascaró la vigencia de prácticas judiciales que colisionan de lleno con el reclamo de transparencia, apertura a la comunidad, ética y sentido social manifestado oportuna y masivamente por miles de rionegrinos. 

En esta línea, el grupo señaló que algunas de estas prácticas son la dilación y manipulación de los tiempos, el ocultamiento de información, el silenciamiento de los procesos, la especulación con relación a la agenda y opinión pública, entre otras, prácticas predominantes en el accionar de esta Cámara, cuya conformación ya había sido observada por Autoconvocados como institucionalmente deficiente y pasible de intromisiones. Dichas prácticas, además, se verifican en otras instancias, como por ejemplo, en la decisión de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, de postergar una nueva reunión del Consejo de la Magistratura.

Es por ello que, con independencia del resultado de los procesos judiciales en si mismos, Autoconvocados advierte señales de comportamientos corporativos para nada ingenuos, como dejar pasar las elecciones provinciales, jugar con los tiempos públicos como los días y horarios para dar a conocer las resoluciones, especular con el ánimo de la opinión pública, entre otros, que dan cuenta de un interés notorio y articulado de una parte de la Justicia por salvar ciertos aspectos que hacen al poder y privilegios del que sus integrantes gozan.
En cuanto a la decisión propiamente dicha, es para destacar que la Cámara haya desconocido la opinión del fiscal interviniente en el análisis de las apelaciones, Dr. Hernán Trejo, y de la Defensora de Menores, Patricia Arias, en relación a la necesidad y conveniencia para las investigaciones de que Bernardi continúe procesado con prisión preventiva, así como la formulación de nuevos cargos en contra del juez por mal desempeño de funciones y desarreglos graves de conducta por parte del sumariante Marcelo Chironi.  La gravedad de los hechos por los cuales Bernardi es investigado, el grado de vulnerabilidad de las posibles víctimas y su estado de desprotección, la enorme desigualdad en el acceso a la Justicia entre uno y otras,la necesidad de garantizar las condiciones postuladas por el juez Igoldi para el esclarecimiento de los hechos, son otros elementos que, evidentemente, la Cámara decidió no ponderar ni tener en cuenta.

FUENTE: Vecinos Autoconvocados