Consideraron que esta definición "es absolutamente arbitraria e inoportuna, considerando que aún existen instituciones educativas con serios problemas de mantenimiento e infraestructura que hemos denunciado desde UnTER y que no tienen soluciones a la vista, en muchos casos por falta de presupuesto".
Entendieron que "el monto otorgado al Colegio de Abogados se suma a los aportes que subsidian a escuelas privadas, que además cobran un arancel, a los pagos por servicios tercerizados en distintas áreas del gobierno, por que no se implementan políticas públicas de atención a la salud, educación y de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre otros egresos".
"Todo esto que ponen de manifiesto la falta de planificación y la injusta distribución que realiza el gobierno provincial del presupuesto en obras o aportes que no responden a las necesidades mas urgentes de las comunidades. Exigimos un cambio urgente en estos criterios y se garantize primero el derecho a la educación, la salud y la atención de las familias, y después a los privados", finalizaron.
29 enero 2026
Río Negro