En las instalaciones de la Dirección de Tierras, ubicada en calle Guido y Zatti de Viedma, se vivieron momentos de tensión entre manifestatantes, funcionarios y policía. Una familia mapuche, acompañada por un grupo de personas, reclamaba por tierras situadas en cercanías de Bahìa Creek para que les sean devueltas. 

A medida que pasaba el tiempo y no obtenían soluciones a su reclamo, el ambiente se tensó durante toda la jornada del lunes y culminó con cinco detenidos.

Al respecto el comisario José Casanova, de la Unidad 1º, relató que "en horas de la mañana tuvieron una reunión con Tierras donde buscaban una resolución al reclamo que llevan hace años".

"Si bien se les explicó el trámite para el reclamo, ellos exigieron una solución inmediata porque de otro modo no se retirarían del lugar", indicó.

Entonces detalló que "el director de Tierras, Enrique Joaquín Álvarez Costa, realizó la denuncia penal correspondiente".

"Se dialogó con esta gente, que en principio eran diez personas, pero a medida que pasó el tiempo quedaron cuatro", añadió.

Asimismo contó que "a Roque Manuel Barrios, el referente del grupo, se le hizo conocer la situación y en horas de la tarde se dispuso una serie de notificaciones por amenazas coactivas. A la tarde noche se los notificó para que desalojaran el edificio".

"A las 21.42, como continuban con la negativa de abondonar el edificio, se los desalojó y se detuvo al grupo", agregó.

Más adelante dio a conocer que "como eran mayores de 60 años, y estaban a la espera de antecedentes, quedaron alojados en oficinas de la comisaría para no involucrarlos con otros presos. Luego quedaron en libertad".

"En todo momento se trató de no utilizar la fuerza desmedida. Con ellos se había consensuado que se iban a retirar el lugar", concluyó.

"Que lo demuestren en la Justicia"

El ministro Luis Di Giácomo señaló que las personas que demandan se desaloje a un permisionario en la zona de Bahía Creek "si acreditan con papeles que son propietarios o que ocupaban y ese lugar les pertenece, deben presentarse ante la Justicia".
El funcionario insistió que “la Dirección de Tierras no tiene poder de desalojo, aún si fuese justo el pedido”, y si hay algún tipo de denuncia o un conflicto entre particulares “se tiene que ventilar en la Justicia, y allí sí el organismo provincial dará los informes que le pidan o la documentación con que cuenta”.

Por instrucciones del Ministro, hoy el grupo de personas que ocupó la Dirección y fue desalojado por disposición judicial anoche, fue recibido por el secretario de Gobierno, Félix San Martín, pero más allá de expresar a viva voz su reclamo, no presentaron ninguna nota o documentación.

Di Giácomo explicó precisamente que “el Secretario de Gobierno recibió a este grupo y una vez más no han acreditado con documentación que estén conformados como comunidad mapuche ni sobre los derechos o la propiedad de la tierra que dicen ocupa un permisionario al que piden desalojar”.

Enfatizó que por el CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) y la Ley Nacional 26160 “hay reconocidas y en tren de reconocimiento una gran cantidad de comunidades y en este caso no consta en ningún lado que este grupo sea una comunidad”.

Recordó que “ayer aparecieron en la Dirección de Tierras y con una actitud amenazante, exigieron que el organismo proceda a desalojar a una persona que, según ellos, ocupa un campo que es suyo”.

Agregó que “nosotros clarificamos que la Dirección no tiene poder de desalojo, aún si fuese justo el pedido; esto lo tiene que tramitar ante la justicia”.

Informó además que “ese ocupante al que ellos se refieren lleva más de 20 años en el lugar, no es alguien al que se le ha dado ayer o hace unos días alguna titularidad, y además vive allí y tiene animales”.

Resumió que “si estamos ante un conflicto de tipo privado, deberá dirimirse donde corresponde, ante la justicia; no estoy diciendo que no tengan razón ante su reclamo, no lo sé, lo que sé es que no pueden acreditar ningún papel que les dé la razón”.

Enfatizó que “no es correcto el accionar, no es el modo, inclusive se han producido en esta ocupación que hicieron ayer algunos daños, hay rotura de vidrios”.

“Creo que tenemos que acostumbrarnos a que las cosas hay que llevarlas por el camino correcto, por la fuerza y la prepotencia no corresponde que un reclamo de esta naturaleza pueda llegar a un buen final”, consignó.

El director de Tierras, Enrique Álvarez Costa, recordó ayer que ya el año pasado esas personas hicieron un requerimiento similar y luego de un relevamiento y otras acciones como una audiencia conciliatoria se constató que esa demanda de desalojo no involucra sólo un predio en particular sino que “recae sobre más de una decena de campos, tanto fiscales como privados”.

Por otra parte, el grupo demandante no tiene la correspondiente personería jurídica ni la aprobación como comunidad indígena en los términos del relevamiento de la Ley Nacional 26160, lo que los inhabilita para reconocerles la demanda de tierras basado en argumentos de supuestas ocupaciones ancestrales.

Álvarez Costa informó además que “uno de los hoy reclamantes en el marco de este grupo que ocupó el organismo, se presentó meses atrás ante la Dirección en carácter de integrante de otra comunidad al solicitar la expropiación de 10 hectáreas con costa de río”.

Agregó que otro sector de los demandantes “labró un acta en el año 2014 manifestando su no integración a comunidad indígena alguna” y hay “transferencias de derechos realizadas a título personal a espaldas de la administración que involucran a los hoy interesados, lo que viola tanto la ley de tierras fiscales como la legislación que resguarda los derechos indígenas”.