Con esta decisión, la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción "no hace otra cosa que defender los legítimos derechos de nuestra ciudad en ese territorio, reafirmados unánimemente el 2 de agosto de 2010 en una multitudinaria asamblea convocada para tratar esta importante cuestión".
 
"Ahora dicho intento se presenta encubierto en un proyecto de ley ingresado en la Legislatura, impulsado por Adrián Casadei, ex intendente de SAO y ex parlamentario provincial, quien ya tuviera en el pasado intenciones similares que felizmente no prosperaron", manifestaron.

Al mismo tiempo indicaron que "en esta oportunidad Casadei apoya su iniciativa en la necesidad de poner freno a los avances de la actividad privada sobre la zona que reclama para su ciudad, a fin de evitar irregularidades que se están produciendo, especialmente de carácter inmobiliario, con parcelamientos y construcciones no autorizadas, lo que atenta contra el desarrollo sustentable de la costa. Para el nombrado, 'los municipios costeros, con amplia experiencia en las urbanizaciones ya existentes, son los que cuentan con mayores y mejores herramientas para ejercer ese control'”.
 
Luego consideraron que "sobre esta cuestión cabe recordarle que ya existe una autoridad legal con jurisdicción en ese territorio, como es el Ministerio de Turismo, que es el que debería evitar que esas cosas pasen. Y en cuanto a las experiencias y herramientas que menciona, señalarle que para San Antonio Oeste no son un buen antecedente, considerando el descontrol histórico y la judicialización de los loteos en el Sur de Las Grutas, situación que se está recreando en las playas del Este, lo que resta capacidad para pretender ordenar nuevos territorios".
 
Asimismo afirmaron que "además, Casadei induce a error a la opinión pública al decir, a través de su proyecto, que solamente se anexaría a San Antonio Oeste la zona inmediatamente adyacente del departamento Adolfo Alsina, sin tocar los sectores de Pozo Salado, Caleta de los Loros y Punta Mejillón, por considerarlos 'en conflicto'. Con ello hay dos cosas que no se deben pasar por alto: por un lado, que de esa forma SAO estaría ingresando a una jurisdicción que por ley no le pertenece, y por otro que para los viedmenses no existen sectores “en conflicto”, ya que le asisten suficientes derechos sobre los mencionados lugares, respaldados por antecedentes históricos y documentales, y cuyos habitantes visitan frecuentemente y en los que inclusive ya se han asentado".    
 
"En agosto de 2015, la Cámara de Comercio, ante otra intención expansionista de nuestros vecinos, alertaba por nota al Concejo Deliberante por esas maniobras, ya que aquí está en juego la soberanía territorial. Y en ese sentido la población ya se expidió, como antes se dijo, en la asamblea del 2 de agosto de 2010, afirmando los derechos irrebatibles de nuestra ciudad en dicho territorio hasta el límite con el departamento San Antonio, 'sin ceder un centímetro', como se manifestó enfáticamente en ese cónclave, lo que estamos seguros hoy sería ratificado masivamente por nuestra comunidad en caso de volver a ser convocada para ello", añadieron.
 
La entidad empresaria deja por último en claro que "únicamente le guía la defensa de los intereses de Viedma sobre territorios que le pertenecen y que encierran enormes riquezas, inclusive en su litoral marítimo, y que por eso resultan para otros tan apetecibles. Y convoca a todos los actores del este rionegrino a dejar de lado las discusiones inconducentes para trabajar en conjunto buscando un desarrollo integral y planificado de toda la costa atlántica".