A través de una campaña propiciada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, bajo el lema “Si no hay PYMES no hay empleo”, se deja en claro el apoyo a las iniciativas de los legisladores nacionales para proteger el empleo de los argentinos, pero expresándose que “si la ley que emane del Congreso Nacional incluye a las PYMES, se producirá el efecto contrario: la desocupación en las pequeñas y medianas empresas en forma inmediata y creciente, además del cierre de cientos de empresas en todo el país”.

 En un reciente encuentro en el Congreso de la Nación, referentes de las economías regionales coincidieron en que "la doble indemnización traería más problemas que soluciones y llevaría a tomar menos personal". Asimismo, manifestaron que "crearía niveles de conflictividad enormes para las Pymes, especialmente en las más pequeñas”. Y por otra parte, indicaron que la aplicación de la ley desalentaría la inversión en el sector, determinado el cierre definitivo de dichas empresas".
 

Gestión en Viedma

 Para plantear esa preocupación, y como se viene actuando en todo el país, la Cámara de Comercio de Viedma se entrevistó con el diputado nacional por Río Negro Sergio Wisky (Cambiemos). En la oportunidad, la institución estuvo representada por su secretario, Marco Magnanelli, y su tesorero, Mario Rickert.

 Durante la entrevista, los dirigentes expusieron acerca de los efectos negativos que esa ley, en caso de aprobarse, tendría para el sector, por lo que el mismo debería quedar excluido de la misma. En ese sentido le transmitieron el pedido de considerar la incorporación, en el artículo 2º del proyecto actualmente en discusión, del siguiente párrafo elaborado por CAME: “Quedan excluidos de la prohibición establecida en la presente ley, los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPymes), a cuyo fin se considerarán tales las empresas que empleen hasta (50) trabajadores en el sector comercio, (50) trabajadores en el sector de la agroindustria y (80) ochenta trabajadores en el sector de la industria manufacturera. Todo ello siempre que su facturación anual no supere los importes que establece la reglamentación a la Ley 25.300 de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.