Cabe aclarar que el conflicto se origina en situaciones concretas denunciadas por el Ministerio Público, donde- esgrimiendo la "prevención"- la policía detuvo a adolescentes que transitaban por la vía pública de ciertas zonas de la ciudad, los cuales no estaban haciendo nada inadecuado o ilegal. Concretamente en una de las situaciones el adolescente estaba yendo a la escuela...
 

No se está aludiendo en este conflicto a niños o adolescentes que se los encuentra tirados en la calle, desnutridos o muertos de frío, en estado de indefensión y abandono – donde sería oportuno la intervención de servidores públicos para protegerlos- sino de adolescentes que se los considera que pueden ser "peligrosos" para la sociedad. ¿Cuál es el criterio para esa definición? simplemente su aspecto: color de piel, vestimenta, extracción social...
 

Es curioso que al desatarse la polémica mediática apoyando o rechazando el fallo del STJ, tanto en las redes sociales, en los comentarios de lectores interactivos, y hasta en la presentación del tema en programas periodísticos, la mayoría de las posiciones apuntan a cuestiones relacionadas con el "delito", con expresiones tales como :"está bien que los detengan, así hay menos robos". "al fin los menores delincuentes van a ir presos", y similares opiniones; cuando en realidad –el fallo del Superior Tribunal de Justicia no se refiere a menores que están delinquiendo, sino al rol de la policía frente a niños y adolescentes en supuesto estado de "abandono" a los que habría que "proteger".
 

El acto fallido colectivo de un sector de la sociedad al asociar masivamente al menor en situación de abandono o desprotección con aquel que delinque, no hace más que desnudar la verdadera intención de este fallo, que es legitimar el accionar policial de detener a supuestos potenciales delincuentes antes que cometan el delito, como forma de prevenir. Como sería totalmente anticonstitucional reconocer explícitamente esta intención- ya que la policía no puede "adivinar" - más que por su "aspecto"-que tal o cual menor que circula por la calle sin hacer nada va a cometer un delito- se lo disfraza con que estaría en una situación de "abandono" y que se lo detiene para "protegerlo".
 

Por supuesto que esto no sucede nunca con adolescentes de sectores medios o altos, sino que casualmente les pasa a pibes de barrios populares que circulan en zonas céntricas o "residenciales".
Desde las épocas de la dictadura- donde cercenado todo derecho constitucional- desaparecían jóvenes por reclamar un boleto estudiantil, cantar canciones de protesta, tener tal o cual libro, o simplemente tener "pinta de subversivos"- hasta entrada la democracia recuperada , donde se fueron restituyendo derechos a las mujeres, a los adultos mayores, y a personas que antes se consideraban "enfermas"- como en el caso de los colectivos de disidencia sexual,; la construcción de un mundo cada vez más democrático e igualitario es una larga y compleja lucha contra una sociedad que tradicionalmente es conservadora, autoritaria machista, patriarcal y discriminatoria.
 

Lograr una Seguridad Democrática, con policías que defiendan a las ciudadanas y los ciudadanos sin hacer abuso de autoridad, sin violencia institucional o represión ilegal es todavía una materia pendiente, avalada por una larga lista de crímenes de jóvenes en la provincia de Río Negro.
 

El Superior Tribunal de Justicia- con la excepción de la Jueza Adriana Zaratiegui- tenía la oportunidad con este fallo de hacer "docencia" cívica y achicar la brecha cultural e ideológica entre la posibilidad que tenemos de avanzar hacia una sociedad más democrática e igualitaria, donde haya más integración social aún en la diversidad de clases sociales y razas, frente a otra gran parte de la sociedad con resabios dictatoriales y autoritarios, que aún cree que cuando se le acerca un adolescente o joven de tez oscura y gorrita, está a punto de ser víctima de una asalto.
Lamentablemente- bajo la excusa del abandono y la protección- optaron por profundizar la brecha, alentando el prejuicio, la discriminación social, y la estigmatización de los adolescentes pobres.
Retrocedemos así varios "casilleros" en Río Negro, en materia de "Estado de Derecho".
 

Magister Jorge Luis Vallazza
DNI 12.975.453
Legislador FPV Río Negro