Una iniciativa impulsada por el legislador de JSRN, Elbi Cides busca acompañar la actividad deportiva rionegrina a través de beneficios impositivos a empresas y contribuyentes privados. Se trata de la Ley de Patrocinio y Tutoría del Deporte recientemente aprobada por la Legislatura y reglamentada por el Ejecutivo provincial.

La norma establece que empresas y contribuyentes privados podrán destinar voluntariamente hasta el 25% de su pago habitual del impuesto a los Ingresos Brutos para patrocinar un proyecto deportivo institucional o individual.

El beneficio contempla a instituciones sin fines de lucro, clubes, asociaciones, fundaciones y otras entidades civiles; como así también a profesionales de la Educación Física, entrenadores y Directores Técnicos, deportistas profesionales y amateurs.

De este modo y a través de una gestión asociada entre el Estado y el sector privado, se intentará facilitar la participación de deportistas, instituciones y clubes, a través del aporte de dinero o insumos por parte de los privados, con la finalidad de patrocinar prácticas deportivas, recibiendo a cambio un incentivo fiscal y publicidad.

El patrocinador voluntario será quien determine el destino de los fondos, y definirá si los mismos se utilizarán para modernizar infraestructura, capacitar a integrantes de la comunidad deportiva, desarrollar proyectos de alcance regional, nacional e internacional, o bien para contribuir en la participación de eventos propios de la actividad deportiva colectiva y/o individual.

De acuerdo a lo explicado durante la presentación oficial por el secretario de Deportes de la provincia, Marcelo Szczygol, la instrumentación de la norma se realizará a través de la implementación de dos registros simultáneos; por un lado, un registro de deportistas y proyectos para financiar, y, por otro, el registro de tutores o sponsors para cada uno de los deportes.

Los interesados en inscribirse y participar deberán contactarse con la Secretaría de Deportes a través de sus redes sociales, dado que el mencionado organismo será la autoridad de aplicación