La defensora Adriana Santagati junto a sus pares integrantes de la Asociación de Defensores del Pueblo participó en Buenos Aires, de un encuentro convocado por la Gerencia de Regulación y Gestión Comercial del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

En la oportunidad se expusieron diversos aspectos de los regímenes tarifarios diferenciales que incluyó la tarifa social, el régimen tarifario específico para entidades de bienes públicos y el régimen para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME).

Respecto a la tarifa social se planteó la necesidad de revisar los criterios de inclusión y exclusión; de aumentar los rangos de consumo actualmente destinados a dicha tarifa y la razonabilidad en los tiempos de respuesta de los reclamos vinculados a las tarifas diferenciales, así como la accesibilidad para reclamar. Esto último fue planteado por la defensora Santagati, ya que  en Río Negro sólo existe un solo centro regional de atención de Enargas en San Carlos de Bariloche.

Los defensores ratificaron, tal como lo vienen haciendo en todas las audiencias públicas, que:

-El acceso a servicios públicos esenciales de energía son un derecho básico para la efectiva realización de los derechos humanos.

-Conforme los principios de proporcionalidad, progresividad, razonabilidad y no confiscatoriedad, sentados por la CSJN, las tarifas deben ser justas, adecuadas y razonables. Por ende, los incrementos en las tarifas no pueden estar sujetos a la libertad de mercado sino que deben tener en cuenta las incrementos salariales y posibilidades reales de los ciudadanos.

-Insistieron en que debe ampliarse la tarifa social del servicio de gas para que puedan acceder todos los que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

-Deben atenderse la especial y crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (MiPyME) y en particular las entidades de bien público y los clubes de barrio que hoy atraviesan extremas dificultades para afrontar el pago de tarifas.