La Liga de Intendentes del Frente de Todos respaldó a sus pares intendentes y ex intendentes del por entonces Frente para la Victoria, a los que consideró "perseguidos y hostigados por el gobierno que encabezó Mauricio Macri, quien propició, de manera aviesa, una investigación que al principio se tramitó en el fuero Federal a través del juez Claudio Bonadío y otros magistrados y que, actualmente se sustancia en la Justicia provincial".

El inicio de estas causas se dio en el comienzo del gobierno de la Alianza Cambiemos que encabezaba el ex presidente Macri, en un marco de inflación y devaluación de nuestra moneda propiciada por ese gobierno con la consecuente licuación de los fondos destinados a la finalización de los Programas de obra pública.

En ese marco de descalabro social y financiero agravado por la creciente desocupación y falta de obra pública, se acordó, entre Nación, Provincia y Municipios, por exigencia de las autoridades nacionales, la rescisión de los contratos originales propiciando un nuevo convenio técnico financiero, con los fondos girados al IPPV y con las mismas empresas constructoras contratadas originalmente, todo ello garantizado por una Ley aprobada por la Legislatura Rionegrina votada por unanimidad.

Nos solidarizamos con quienes en momentos de tantas necesidades debieron llevar adelante esta operatoria para paliar en parte la acuciante desocupación y especialmente de los obreros de la construcción y demanda habitacional.

Estamos convencidos que esta causa posee un claro objetivo político y confiamos en la honestidad de nuestros compañeros y compañeras, quienes tuvieron que realizar ingentes esfuerzos para intentar culminar un programa que en ese contexto contribuyó a la paz social.