Por Juan Martín (*)

El sábado 6 de noviembre, en la provincia de Neuquén, Gendarmería Nacional detuvo a tres personas que ingresaban al país por un paso fronterizo ilegal. Se trataba de tres ciudadanos chilenos que transportaban municiones y ropa mimetizada.

Un día después, el domingo 7, en Chubut la Policía Federal detuvo a Facundo Molares Schoenfeld, sobre quien pesaba un pedido de captura en Colombia por su participación en un secuestro organizado por las FARC.

Estos dos hechos, lejos de ser aislados, tienen mucho que ver entre ellos y con la violencia que desde hace años azota a la región cordillerana.

Todos vimos un video en el que un grupo chileno autodenominado mapuche muestra y dispara sus armas mientras le declara la guerra al Estado del vecino país. Ahora, nos encontramos con gente que traslada municiones de Chile a la Argentina y nos preguntamos, ¿se estarán organizando grupos similares de este lado de los Andes?

También sabemos que existe una conexión entre las FARC y este estos grupos. Ya en 2008, cuando las fuerzas armadas colombianas abatieron al segundo jefe de la organización terrorista, Raúl Reyes, se encontraron mails en los que se hablaba de trasladar activistas chilenos a la selva de Colombia para que recibieran entrenamiento.

Está claro que el conflicto que se desarrolla en nuestra Patagonia ya no se trata sólo de usurpaciones de tierras y ataques incendiarios o con piedras. Estamos frente a una organización con ramificaciones internacionales, que aún no mostró todo su poderío en nuestro país pero que podría hacerlo en cualquier momento.

Por eso es necesario que el Estado deje de mirar para otro lado y que se decida a usar todos sus recursos para hacer respetar su soberanía y las leyes.

Aunque esencialmente este es un rol que le corresponde al Estado Nacional, las provincias no pueden permanecer ajenas a este drama que se está desarrollando en su territorio.

Por eso hace unos días le propuse a la Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la creación de una Unidad Especial de Prevención e Investigación Antiterrorista de la policía provincial.

La idea apunta a contar con recursos humanos y materiales especializados que puedan sumar a un esfuerzo conjunto con otras provincias, con la Nación e incluso con Estados extranjeros. Algo similar a lo que sucede en materia de narcotráfico, un delito de jurisdicción federal el cual las provincias contribuyen a combatir a través de divisiones específicas de sus fuerzas de seguridad.

Hoy la Gobernadora de Río Negro, como otros mandatarios de la región, tiene la oportunidad de disponer de herramientas que permitan combatir a estas organizaciones, más que nada cuando quedó en evidencia que el Gobierno Nacional lo hace a desgano, cuando lo hace.

Ojalá se imponga la cordura y esta idea sea escuchada, debatida, mejorada y puesta en práctica. Ojalá los rionegrinos dispongamos pronto de herramientas para defendernos de quienes quieren destruir la convivencia pacífica que siempre caracterizó a esta tierra.

El compromiso contra la violencia y a favor de la Constitución Nacional es algo que debe unirnos más allá de toda bandería política. Es momento de demostrar madurez, porque mañana puede ser demasiado tarde.

(*) Legislador rionegrino de Juntos por el Cambio.