Ante la modificación del reglamento interno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro que establece la posibilidad de sancionar a sus trabajadores por expresarse en redes sociales, el presidente electo de la Unidad Popular (UP) en la provincia, Rodolfo Aguiar, catalogó que "la decisión es gravísima” y apuntó: “¿Qué podemos esperar los ciudadanos si el máximo órgano encargado de impartir justicia es el que violenta pactos internacionales y las constituciones nacional y provincial?”.

El viernes último el gremio SITRAJUR expresó su rechazo a la medida sancionatoria adoptada por el Superior Tribunal de Justicia.

La reglamentación fue dispuesta en el art. 30 inc. 7 del Reglamento Judicial y señala como conducta sancionable las manifestaciones por cualquier medio, incluidas las redes sociales, que comporten afectación a la imagen del Poder Judicial.

Por ello, el dirigente aseguró que "intentan blindar el poder judicial para que no sean públicos el abuso de poder y la parcialidad en las decisiones que involucran a poderosos” y alertó: “Estos jueces están atacando a la democracia en Río Negro. Esto no se puede dejar pasar. Todas las fuerzas políticas deberían pronunciarse".

Esta resolución no sólo se contrapone al derecho a la libertad de expresión, sancionado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que tampoco respeta la Constitución Nacional ni la Provincial, ya que esta última establece en su artículo 26: “Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones, y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna clase”.

Aguiar indicó que la decisión del STJ “causa risa” e ironizó: “Si estos magistrados pudieran sancionar a quienes afectan la imagen del Poder Judicial, tendrían que sancionarse a sí mismos. Más del 80% de la población no cree en la Justicia actual".

En agosto de este año, sucedió algo similar con la agencia de noticias Télam, cuando el directorio incorporó a su reglamentación interna un artículo de la misma índole. Sin embargo, suspendieron momentáneamente esa modificación ante el enérgico repudio de sus trabajadores y el rápido accionar de los dos principales gremios.