El diputado Agustín Domingo explicó los términos del proyecto que impulsan junto a la diputada Graciela Camaño para modificar la Ley de Alquileres. Aclaró que “el proyecto de ley no está cerrado en Comisiones porque debe ir a la de Presupuesto y Hacienda porque establecen beneficios impositivos”. Sostuvo que la ley provocó la retracción de la oferta por lo que ahora se plantean modificaciones en varios temas.

“El proyecto originalmente planteaba sólo volver a los dos años de extensión del contrato y la cláusula de garantías, pero luego de la discusión con el equipo de Camaño y otros diputados y con el diálogo mantenido con colegios de Martilleros de Río Negro y a nivel nacional pudimos introducir algunas mejoras”, sostuvo.

Destacó que “el mercado de alquiler está muy desconcentrado, hay pequeños inversores que invierten en ladrillo para viviendas de alquiler, si uno le pone trabas a esa alternativa para colocar sus ahorros pensando en su jubilación o en su futuro, se inclinan por otras opciones, más atractivas, como plazos fijos u otras y lo último que queremos hacer es ponerles trabas”.

“Una de esas trabas es alargar el período de vigencia de los contratos que hace que quede inmovilizado el inmueble por tres años”, indicó Domingo, al explicar que el proyecto que acompaña baja el plazo de alquiler a dos años.

Consideró que con la fallida ley de alquileres se está “estigmatizando al inversor, y nuestro dictamen refleja eso, volver al plazo de dos años porque tres año no favorece. El efecto fue el retiro masivo de propiedades del alquiler, lo que en lugar de favorecer al inquilino lo perjudica. Tal vez favorece al que ya está alquilando pero no al que busca”.

Por eso para Domingo es necesario “que haya más vivienda en alquiler”.

Consideró que se trata de “un mercado competitivo, en cualquier mercado el mejor regulador es la competencia, no es ni concentrado ni monopólico, como podría ser la distribución de energía, con un único proveedor, donde ahí sí tiene que intervenir el Estado”.

“Lo que tiene que hacer el Estado Nacional es que haya más oferentes, para que no esté concentrado. Tiene una responsabilidad enorme en la problemática habitacional, promoviendo el crédito inmobiliario, ordenar la macroeconomía para favorecer la inversión. Y los Provinciales y Municipales deben proveer viviendas o lotes sociales, que se pueda acceder a terrenos a precios razonables, porque si no, con este simplismo y voluntarismo de modificar el código civil los resultados están a la vista, lo mismo que ocurre en el mercado laboral”, sentenció.

En cuanto a la actualización, dijo que “utilizar un índice no es beneficioso, porque no se sabe cuánto va a tener que pagar al sexto mes o al años. No es bueno para dinamizar el mercado. En la práctica se firman contratos informales con pagarés”.

También dijo que actualmente el pago anticipado está vedado por la ley, “pero no vemos por qué, es una oportunidad de mejorar el texto”. En referencia a las garantías aseguró que no se propone eliminarlas sino que “lo que hoy se fijas es que entre cinco opciones el inquilino puede elegir dos y el propietario aceptar la que se elija, pero en la práctica si al privado no le sirve no la va a aceptar, es incumplible”.

Domingo admitió que para la elaboración del proyecto hablaron con los martilleros, “que representan a ambas partes, conocen la oferta y la demanda, no hemos tenido contacto con los inquilinos puntualmente”.