La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría, en segunda vuelta, diversas modificaciones legislativas que abarcan la ley de Tierras Fiscales, el Código de Procedimiento Minero, la distribución de regalías y la conformación del Consejo Ambiental. Todas estas propuestas habían sido discutidas en primera vuelta a mediados de noviembre pasado, obteniendo también la aprobación mayoritaria en esa instancia.

El proyecto más destacado recibió el respaldo de 32 legisladores, mientras que 12 miembros de los bloques del Frente de Todos, Kolina y Unidad Ciudadana expresaron su rechazo.

En el centro del debate, el bloque de Juntos Somos Río Negro presentó las propuestas, generando críticas y manifestaciones fuera del parlamento. Integrantes de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, referentes de la CTA Autónoma, la conducción de Unter y la Corriente Clasista y Combativa, entre otras organizaciones, se manifestaron en contra de las leyes aprobadas.

Marcelo Mango, representante del Frente de Todos, destacó la importancia de los proyectos al considerarlos como un paquete de leyes relacionadas con la defensa del medio ambiente, la garantía de los derechos de los pueblos y comunidades originarias, así como la soberanía en zonas de frontera. En contraste, María Eugenia Martini (FdT) expresó su desacuerdo, señalando la disminución en la coparticipación de regalías a municipios afectados por la minería, el petróleo y el gas, y lamentando la falta de un diálogo más amplio con diversas organizaciones y sectores afectados.

Desde Juntos por el Cambio, Juan Martín elogió los proyectos como "sostenibles" y enfatizó la necesidad de contar con "licencia social" para llevar a cabo la actividad minera, considerándola una fuente potencial de riqueza.

En el cierre de la sesión, Facundo López (Juntos Somos Río Negro) cuestionó las fundamentaciones presentadas en segunda vuelta, alegando que estaban fuera del reglamento. López afirmó que siempre han actuado con diálogo y transparencia, y respecto al tema de tierras fiscales, explicó que la ley busca ordenar y armonizar, permitiendo la regularización dominial.