Días atrás vecinos del barrio Jardín exigieron el traslado del Centro de Atención Integral para la Adolescencia y la Niñez (CAINA), que funciona en ese sector de la ciudad y contiene a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y con antecedentes delictivos, ya que acusan a los adolescentes del aumento de robos y la inseguridad en el barrio.

En un extensa nota la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Río Negro señaló que “ante la reciente publicación relacionada con el Centro de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (CAINA) ubicado en el barrio Jardín de Viedma, https://www.diariolapalabra.com.ar/noticia/142678/en-el-barrio-jardin-culpan-al-caina-por-los-robos-y-piden-que-lo-trasladen desde deseamos brindar claridad y precisiones pertinentes”.

“El establecimiento al que hacen referencia estas personas no corresponde a un CAINA sino a un Dispositivo Socioeducativo dirigido a alojar a personas mayores de 16 años de edad por tiempos determinados por disposición judicial”, aclararon.

“Este dispositivo opera bajo un enfoque técnico especializado, orientado al fortalecimiento de las capacidades de las adolescencias para ejercer sus derechos asumiendo las responsabilidades que ello conlleva y en articulación con el Poder Judicial interviniente”, expresaron.

En este sentido, “es importante mencionar que cuando la sanción o medida judicial a una persona menor de 18 años consiste en la privación o restricción de la libertad ambulatoria, debe garantizarse que esa restricción no se convierta en una limitación injustificada de otros derechos tales como el derecho a la educación, a la salud, a la identidad, al desarrollo holístico, a la recreación, el deporte, la cultura, a que sus familias reciban los acompañamientos necesarios para resolver problemas, a recibir un trato digno y a que tengan comunicación con quienes ejercen su defensa, promueven la acción penal y resuelven respecto del proceso judicial”.

“En cuanto a la solicitud de custodia policial, es importante comprender que su implementación requiere una motivación fundada en el caso concreto, la cual corresponde al ámbito del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo. En la actualidad, la situación no amerita la presencia de custodia policial”.

“Por ello, invitamos a todos los actores sociales a participar en la construcción de un entorno inclusivo y respetuoso, donde se garanticen los derechos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos en situación de vulnerabilidad”

“Atribuir los hechos delictivos reportados por la comunidad a las personas adolescentes alojadas en el dispositivo, según se menciona en la nota, contribuye a prejuicios y estigmatizaciones sociales. Estamos al tanto de las preocupaciones de las personas vecinas pero es fundamental abordar la situación con cautela y basarnos en información precisa y verificada antes de realizar las acusaciones mencionadas"

"Cierto es que nadie merece vivir con miedo así como tampoco nadie merece ser expuesto y acusado públicamente de ser responsable de la “inseguridad” del barrio. Al respecto, se destaca que las adolescencias que se alojan en los dispositivos convivenciales del organismo, cuentan con equipos de intervención presentes durante las 24 horas en el lugar".

Reconocemos y comprendemos las preocupaciones legítimas de quienes publican el reclamo respecto a la seguridad y convivencia en su comunidad. Es crucial garantizar un entorno seguro y tranquilo para toda la ciudadanía, y entendemos que la presencia de una institución de estas características puede generar inquietudes en la comunidad.

Por otro lado, vale recordar que los adolescentes -personas en etapa de crecimiento- alojados en este dispositivo también son sujetos de derechos, y es nuestra responsabilidad garantizar su protección y reinserción social.

Es por ello que esta Secretaría se encuentra comprometida en encontrar un equilibrio entre las preocupaciones de las personas vecinas y la garantía de derechos de las adolescencias allí alojadas.