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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno nacional estaría planificando una serie de despidos en la administración pública para finales de septiembre, que afectaría a empleados con afiliaciones partidarias distintas a La Libertad Avanza (LLA) y a aquellos que participaron en campañas en contra de la actual gestión. Según ATE, la medida también incluiría a trabajadores que han presentado repetidos certificados médicos o que son considerados 'conflictivos' por sus reclamos laborales.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, expresó su preocupación al respecto, subrayando que estos despidos serían discriminatorios y estarían basados en razones políticas, lo cual está prohibido por las leyes vigentes. Aguiar comparó la situación con prácticas autoritarias del pasado, afirmando que "el autoritarismo de este Gobierno no es compatible con la democracia" y que las cesantías previstas violan la dignidad de los empleados estatales.
En su declaración, Aguiar señaló que los funcionarios que promueven estos despidos están actuando al margen de la ley, utilizando sus cargos para fines que van en contra del interés público y sometiendo a los trabajadores a abusos psicológicos. El dirigente advirtió que estas conductas podrían ser sancionadas penalmente.
ATE también recordó que más de 65 mil trabajadores del Estado, cuyos contratos fueron renovados por solo 90 días en junio, estarían en riesgo de perder sus empleos a finales de septiembre. Según el sindicato, varios ministerios y secretarías, como la Secretaría de Transporte, estarían aplicando estos criterios de despido, con un proyecto que contempla una reducción del 36% del personal bajo este esquema.
El sindicato subrayó que la Justicia ya declaró la ilegalidad de estas cesantías en ocasiones anteriores y anunció que convocará a sus instancias orgánicas para definir las próximas acciones a seguir en defensa de los trabajadores afectados.
15 septiembre 2024
Nacionales