La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional del Trabajo solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Bases. El sindicato argumenta que esta norma vulnera el derecho a la estabilidad laboral de los empleados públicos, y pidió una medida cautelar para suspender su aplicación.

La demanda se centra en los artículos 11 y 14 de la Ley 25.164, modificados por la Ley 27.742, que, según ATE, permiten despidos arbitrarios en la administración pública. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que la norma es contraria al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad en el empleo público, y que la discrecionalidad en la determinación de la "dotación óptima" de personal es incompatible con este derecho.

Aguiar destacó que esta ley pone en riesgo los empleos y los derechos adquiridos de los trabajadores y denunció que las cesantías masivas en el sector público ocurren con frecuencia cuando cambia la gestión política. El dirigente afirmó que la nueva norma da al empleador la potestad de definir el número de empleados, afectando gravemente a los trabajadores.

El documento judicial firmado por Aguiar y el equipo legal de ATE sostiene que el gobierno está promoviendo la "pulverización del empleo público" y violando varios artículos de la Constitución Nacional. ATE considera que esta situación afecta no solo a los derechos individuales de los trabajadores, sino también al funcionamiento adecuado del Estado.

El sindicato también solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado un informe detallado sobre la cantidad de trabajadores permanentes y el estado de la "dotación óptima" en cada organismo del gobierno nacional.