El Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, criticó la reciente publicación de la Decisión Administrativa 1/2025, que determina que los aumentos salariales del sector público deben negociarse dentro de los límites establecidos por los presupuestos de cada dependencia estatal. Aguiar calificó la medida como "inviable" y advirtió que no podrá ser cumplida por el Gobierno, lo que podría desencadenar movilizaciones en todo el país.

El dirigente sindical destacó que, con los salarios correspondientes a 2023, la aplicación de esta normativa llevaría a "0% de aumento anual", lo que afectaría gravemente a los trabajadores del sector público. Además, recordó que debido a la falta de una nueva Ley de Presupuesto para el año 2025, se continuará con el mismo presupuesto de 2023, lo que limita aún más las posibilidades de incrementos salariales.

En sus declaraciones, Aguiar también cuestionó la falta de acción del Gobierno para sancionar una nueva Ley de Presupuesto, señalando que "hicieron todo para que no hubiera Ley de Presupuesto". En este contexto, el sindicalista aseguró que la administración actual ha dejado en una situación precaria a los empleados públicos, cuya capacidad adquisitiva se ve erosionada por la alta inflación. "Pretenden utilizar esta prórroga para asestar el golpe final sobre los ingresos y empujar a la pobreza a todos los que prestan servicios en el sector público", sostuvo Aguiar.

El dirigente de ATE también criticó la designación de funcionarios del Gobierno, citando específicamente el caso del titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, quien ascendió a su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo de alta relevancia dentro del organismo a los pocos días de asumir su puesto. "El cinismo de estos funcionarios no tiene límites", afirmó Aguiar, acusando al Gobierno de privilegiar a sus allegados mientras impone ajustes a los trabajadores del Estado.

Finalmente, Aguiar señaló que las decisiones del Gobierno, como las recientes incorporaciones en la Vocería Presidencial y otros organismos, violan los decretos 1148/24 y 1149/24, que modifican el régimen de contrataciones en el Sector Público. Ante esta situación, el Secretario General de ATE anticipó que su gremio llevará adelante movilizaciones para hacer frente a las políticas del Gobierno.