.La desaparición de al menos 120 armas de fuego que debían estar bajo resguardo del Poder Judicial generó todo tipo de dudas y especulaciones, aún en el ámbito institucional de Río Negro. Legisladores de distintos bloques de la oposición reclamaron explicaciones sobre cómo se produjo el faltante, quiénes eran responsables de la custodia y qué medidas se tomaron para evitar que las armas vuelvan a circular fuera de control.

El pedido fue impulsado por José Luis Berros y está dirigido al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y al Ministerio Público Fiscal de Río Negro. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, además de integrantes del bloque PJ-Nuevo Encuentro y de Cambia Río Negro.

En la presentación, Berros advirtió que la custodia de armas secuestradas constituye una responsabilidad “indelegable” del Poder Judicial y sostuvo que el faltante detectado en depósitos oficiales, fiscalías y otras dependencias “revela graves irregularidades” en los mecanismos de control.

“La constatación de faltantes en depósitos oficiales pone en cuestión la confianza pública en las instituciones”, sostuvo el legislador. El planteo apunta a determinar no sólo qué pasó con las armas, sino también por qué los controles existentes no evitaron las desapariciones.

La investigación comenzó luego de que, a fines de marzo, una pistola fuera encontrada en un procedimiento policial pese a que había sido secuestrada tiempo atrás y debía permanecer bajo custodia judicial. A partir de ese hallazgo, se detectaron inconsistencias en los depósitos de secuestros de General Roca, donde se registró el faltante más importante, especialmente en el subsuelo del edificio judicial.

También se confirmaron irregularidades en Villa Regina y en oficinas de la fiscalía de General Roca. En este sentido, ya se iniciaron sumarios administrativos y se designó al fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, para llevar adelante la investigación penal.

Los bloques opositores quieren conocer con precisión cuándo se detectaron las irregularidades, cómo fueron advertidas y qué medidas se tomaron desde entonces. También reclaman información sobre el robo de armamento ocurrido en diciembre de 2025 en Villa Regina y si ese antecedente fue tenido en cuenta para reforzar los controles.

Entre los puntos incluidos en el pedido de informes aparece el estado del inventario de armas secuestradas, la capacidad de los depósitos judiciales y los protocolos de control que existían en cada dependencia. Los legisladores también quieren saber si había armas guardadas en fiscalías, a pesar de que las normas vigentes lo prohíben.

Otro eje de la presentación apunta a identificar a las personas responsables de las investigaciones administrativas y penales, así como eventuales apartamientos de personal. Además, se solicita conocer si el STJ adoptó medidas preventivas en otras circunscripciones judiciales, como la revisión de accesos, llaves y sistemas de seguridad de los depósitos.

La oposición también puso la lupa sobre el sistema informático PUMA, utilizado para registrar y seguir la trazabilidad de los elementos secuestrados. El objetivo es determinar si se revisaron los registros del sistema, si se detectaron inconsistencias y si fue posible reconstruir los movimientos de las armas desaparecidas.

“Resulta imprescindible que el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal informen con detalle las circunstancias de lo ocurrido, las investigaciones en curso y las medidas correctivas implementadas”, señaló Berros.

El legislador también vinculó el caso con el discurso oficial sobre seguridad. “Tanto habla Weretilneck de seguridad jurídica y no pueden ni controlar las armas que se secuestran”, cuestionó, en referencia al gobernador Alberto Weretilneck.

Para los bloques opositores, el faltante de armas no puede quedar reducido a un episodio aislado. Sostienen que se trata de un hecho de gravedad institucional, con impacto directo sobre la confianza pública y sobre la capacidad del Estado de garantizar el control de armamento que estaba bajo su custodia.