La decisión de eliminar más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) quedó judicializada tras la presentación de un recurso de amparo impulsado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato pidió además una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la Resolución 42/26 mientras avance la causa.

La presentación fue confirmada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que la medida implica un intento de “desmantelamiento” del organismo. El dirigente planteó que las autoridades del INTI no tendrían facultades para modificar funciones ni eliminar programas creados por ley, atribución que —indicó— corresponde exclusivamente al Congreso Nacional.

Desde el gremio señalaron que la resolución avanza sobre áreas vinculadas al control de calidad industrial, alimentos, materiales para la construcción, combustibles, dispositivos médicos y metrología, entre otras prestaciones técnicas que el organismo desarrolla para distintos sectores productivos. ATE sostuvo que el argumento oficial de “reorganizar” la oferta tecnológica implica, en los hechos, una reducción de funciones estratégicas.

En el escrito judicial, el sindicato argumentó que la medida representa un “vaciamiento institucional” y recordó que otros intentos de reorganización sobre el INTI ya habían sido cuestionados anteriormente en sede judicial. También advirtió que la eliminación de servicios dejaría sin tareas concretas a cientos de profesionales y técnicos especializados.

Además, ATE denunció que la resolución afecta la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo dentro del organismo. En ese sentido, afirmó que se trata de una “desocupación efectiva” de personal técnico y profesional, al tiempo que cuestionó que la decisión se haya adoptado sin negociación paritaria previa ni consulta sindical.

El gremio también sostuvo que la medida vulnera normas laborales y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según plantearon, la resolución fue adoptada sin instancias formales de discusión con la representación sindical.

“El Gobierno está actuando al margen de la ley en su intento de desmantelamiento del INTI”, expresó Aguiar al referirse a la presentación judicial. El dirigente agregó que “no se puede permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso”.

ATE reclamó finalmente que la Justicia suspenda de manera inmediata la aplicación de la Resolución 42/26 hasta que se resuelva el fondo de la discusión planteada en el amparo.