Por Marco Calarco (*)
El 16 de mayo se cumplieron dos años de uno de los ataques más cobardes, miserables y autoritarios contra la organización gremial y contra los trabajadores y trabajadoras judiciales de Río Negro. Y lo más grave es que no vino de un grupo marginal ni de un improvisado de turno. Vino desde el propio aparato institucional de la provincia. Desde quienes se llenan la boca hablando de Constitución, de República y de institucionalidad mientras por atrás operan para destruir derechos colectivos y disciplinar trabajadores.
Aquella avanzada encabezada por el Superior Tribunal de Justicia, impulsada legislativamente por Liliana Piccinini y sostenida por gran parte del poder legislativo con el acompañamiento político del ejecutivo provincial, fue mucho más que una reforma administrativa. Fue un ensayo de sometimiento. Un mensaje brutal hacia cualquier organización que se anime a discutir salarios, condiciones laborales o dignidad.
Y ahí aparecieron también los soldados obedientes del ajuste y la subordinación política. Facundo López y Lucas Pica, convertidos en voceros permanentes de una reforma regresiva e inconstitucional, actuando más como operadores disciplinadores que como representantes de un pueblo que debería exigirles valentía y defensa de derechos. Algunos nacieron para discutir ideas. Otros simplemente para levantar la mano y obedecer al poder de turno esperando una palmada institucional.
Porque aquella reforma no solo buscaba atacar económicamente al sindicato. Buscaba algo mucho más perverso: quitarle al Estado la responsabilidad de sostener el sistema de negociación colectiva y trasladar esa carga directamente a los trabajadores y trabajadoras. El mismo Estado que recauda, administra y decide sobre nuestras condiciones laborales pretendía lavarse las manos y dejar librada la representación gremial a la capacidad económica individual de cada compañero o compañera.
Querían destruir la herramienta colectiva desde adentro.
Intentaron dejar trabajadores sin representatividad, fragmentados, debilitados, abandonados a discutir sus condiciones laborales cara a cara frente al poder patronal, sin estructura, sin respaldo y sin organización. El sueño húmedo de cualquier patronal autoritaria: trabajadores aislados, cansados y resignados aceptando lo que venga por miedo a perderlo todo.
No lo lograron.
No pudieron porque subestimaron algo que jamás van a entender quienes viven encerrados en despachos alfombrados y acuerdos de cúpula: la conciencia colectiva no se extingue por decreto. No pudieron porque enfrente había una organización gremial con historia, con memoria y con compañeros y compañeras dispuestos a defender hasta el último derecho conquistado.
Tan grave fue el atropello que desde agosto del año pasado existe una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo, registrada bajo el número 3513. Y eso no es relato político. Es una denuncia internacional concreta contra un modelo de persecución y disciplinamiento sindical llevado adelante desde las propias estructuras estatales de Río Negro.
Tuvieron que alinearse los tres poderes del Estado para intentar doblegar a una organización que jamás se calló y jamás se arrodilló. El Poder Judicial operando como patronal política, el Poder Legislativo actuando como escribanía obediente y el Poder Ejecutivo garantizando respaldo y silencio. Una verdadera postal de época. La famosa división de poderes convertida en una mesa coordinada para avanzar contra trabajadores judiciales.
Y aun así no alcanzó.
Porque mientras algunos juegan a la política desde la comodidad de los privilegios y los cargos eternos, hay trabajadores y trabajadoras que todos los días sostienen esta provincia con salarios destruidos, con sobrecarga laboral y con una dignidad que no pudieron comprar ni disciplinar.
Hoy más que nunca siento orgullo de representar esta organización en un contexto donde resistir parece haberse transformado en un acto de rebeldía. Orgullo de caminar junto a compañeros y compañeras que, aun golpeados económicamente y perseguidos institucionalmente, siguen eligiendo la organización, la coherencia y la lucha colectiva.
Sabemos perfectamente dónde estamos parados. Sabemos que en esta provincia muchas veces la justicia tiene patrón, tiene precio y tiene operadores políticos disfrazados de institucionalidad. Sabemos que hay legisladores que prefieren garantizar obediencia antes que defender derechos. Sabemos que existen sectores enteros de la política que sienten un profundo desprecio por cualquier trabajador que piense, reclame y se organice.
Pero también saben ellos algo que les molesta profundamente: nosotros no vamos a bajar la mirada.
Vamos a seguir denunciando cada atropello. Vamos a seguir defendiendo cada derecho. Vamos a seguir construyendo organización incluso en los peores escenarios. Porque la historia demuestra que ningún poder es eterno cuando enfrente tiene trabajadores conscientes, organizados y dispuestos a luchar.
Y porque aunque intenten disciplinarnos, destruirnos económicamente o empujarnos al silencio, jamás van a poder romper algo esencial: la convicción profunda de estar siempre del lado correcto de la historia, del lado de quienes sostienen esta provincia con su trabajo mientras otros apenas sostienen sus privilegios.
(*) Secretario General SITRAJUR
17 mayo 2026
Opinion