Cuatro policías podrían recibir penas de prisión efectiva de entre 4 años y 2 meses y 4 años y 10 meses por hechos cometidos contra dos adolescentes en el barrio Alta Barda de General Roca. La Fiscalía solicitó esas condenas luego de que los efectivos fueran declarados responsables penales, con distintos grados de participación, por privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, severidades y amenazas con arma.

Durante la audiencia de cesura, el fiscal Gastón Britos Rubiolo pidió que las condenas incluyan también la inhabilitación especial para ejercer funciones policiales por el doble del tiempo de la pena y el pago de las costas procesales. La defensa rechazó el planteo y reclamó sanciones de ejecución condicional.

Las penas solicitadas son de 4 años y 10 meses para Jorge Luis Espinoza, 4 años y 8 meses para Mauricio Omar Escobar, 4 años y 4 meses para Ana María Marilaf y 4 años y 2 meses para Betiana Soledad Beltrán.

Los argumentos de la Fiscalía

Para fundamentar el pedido de prisión efectiva, Britos Rubiolo destacó la gravedad de los hechos y sostuvo que los agentes utilizaron recursos del Estado para actuar fuera de su jurisdicción autorizada. También señaló que habrían empleado sus armas reglamentarias calibre 9 milímetros para amedrentar a los adolescentes.

El fiscal puso el foco, además, en las lesiones sufridas por las víctimas, las secuelas psicológicas acreditadas durante la investigación y la falta de arrepentimiento de los imputados. Entre los elementos mencionados, incluyó una lesión provocada por el rebote de perdigones de una escopeta tipo Itaka y presuntos intentos de entorpecer la investigación mediante un pacto de silencio y la eliminación de evidencia en la sede del SIARME.

Los abogados de los policías cuestionaron la solicitud fiscal y reclamaron que se aplique el mínimo legal, con penas de ejecución condicional. El defensor Juan Pablo Chirinos pidió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para su asistido. Como pautas de conducta, propuso la realización de cursos sobre derechos humanos y violencia institucional.

Por su parte, la defensora Flavia Rojas sostuvo que el planteo de la Fiscalía no contempló la historia personal de su asistida ni los testimonios presentados durante la audiencia. “Hoy pudimos escuchar a la psicóloga que refirió que la señora es una mujer vulnerable, que no es peligrosa para terceros, es tranquila”, expresó.

Rojas agregó que esos rasgos de personalidad, a su entender, debían considerarse al evaluar la participación de su defendida en los hechos. Los abogados Federico Diorio y Oscar Pineda también adhirieron al pedido de las penas mínimas, con pautas de conducta y presentaciones trimestrales.

Qué ocurrió en el playón de Alta Barda

La acusación fiscal ubicó los hechos el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30, cuando los cuatro efectivos se movilizaban en una camioneta policial y prestaban servicio en la Comisaría 47ª de J. J. Gómez.

La teoría del caso sostiene que los agentes llegaron al playón deportivo del barrio Alta Barda y que uno de ellos efectuó disparos al aire para dispersar a quienes estaban en el lugar. Después de identificar a los dos adolescentes, los hicieron subir al móvil policial.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, una de las policías conducía, otra viajaba en la caja de la camioneta y otro efectivo iba en el asiento trasero junto a los jóvenes. Luego los trasladaron a un descampado, en lugar de llevarlos a una dependencia policial.

La acusación sostiene que, una vez allí, un agente que portaba una escopeta tipo Itaka les ordenó correr y efectuó nuevas detonaciones hacia sus pies. Uno de los adolescentes sufrió una herida en el muslo izquierdo por el impacto de un perdigón. Ambos lograron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos.

El Tribunal Colegiado integrado por Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez fijó para el lunes 2 de noviembre, a las 12, la audiencia en la que se conocerá la sentencia sobre las penas en los tribunales de General Roca.