Está demostrado que una medida como ésta, de carácter claramente demagógico y orientado a los sectores más conservadores de la sociedad, no contribuirá en nada a mejorar los niveles de seguridad, el supuesto fundamento por el cual se lanza nuevamente la intención.

“Esta acción busca ganar adeptos en la gente que tiene bronca por haber perdido a algún familiar o ser querido por hechos delictivos. Pero desde la bronca no se construye un país más seguro. Lo único que se puede construir son cárceles más grandes que, de acuerdo al sistema legal y penitenciario que tenemos, no contribuyen en reinsertar a los presos”, señaló Juan Castro, Referente del Área de Juventud de UP Río Negro.

La medida del Gobierno es repudiable no sólo porque no es la solución al problema de inseguridad, sino que una vez más aplican medidas de opresión al pueblo argentino en su conjunto. En tal sentido, desde la Unidad Popular se demandan políticas sociales serias e integrales, de salud, educación, techo y comida para la niñez y la adolescencia. Que contribuyan a brindar oportunidades a los niños y jóvenes que están en riesgo.

Si se habla desde los números concretos se debe aclarar que menos del cinco por ciento de los delitos son cometidos por menores de edad y muy pocos de esos casos involucran armas. La mayoría se trata de delitos sobre la propiedad. Por lo cual, meter en cárceles a los adolescentes no permitirá en nada impedir que se comentan crímenes de manera significativa en ese sentido.

“Si el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro, mucho menos podrá controlar las que piensa crear. Los pibes están en peligro, no son el peligro”, señaló Juan Castro y completó: “Los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales”.

Si se piensa en el futuro de este país, los niños y jóvenes deben ser el principal objetivo. Regresar a la edad establecida por la última dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes, sino con el único objetivo de establecer políticas de castigo.