La anunciada salida de Diego Piquín de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) abrió una discusión sobre el funcionamiento del organismo y las dificultades para poner en práctica el modelo de gestión previsto en su creación. La legisladora provincial Marcela González Abdala consideró que el desgaste de su conducción está vinculado con la falta de autonomía efectiva de la agencia y apuntó a la necesidad de fortalecer el liderazgo estatal.

“Yo no creo que sea mucho, me parece bien”, afirmó la legisladora al ser consultada sobre la posibilidad de que la ATUR haya asumido demasiadas responsabilidades. Para González Abdala, el problema no está en las funciones asignadas, sino en las dificultades para que el organismo funcione con la independencia administrativa y financiera que se buscó darle.

La legisladora explicó que el diseño de la agencia surgió de una propuesta del gobernador y luego fue discutido a partir de experiencias de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Relató que se tomaron elementos de esos modelos y se debatió la iniciativa con representantes públicos y privados del sector turístico rionegrino.

El objetivo, señaló, fue construir una herramienta con dos ejes centrales: el desarrollo de un plan estratégico para posicionar a Río Negro como destino turístico y la promoción de inversiones en infraestructura vinculada con los distintos productos y regiones de la provincia.

Autonomía para decidir y rendir cuentas

González Abdala sostuvo que la conducción de la ATUR debe estar en manos del Estado, con participación del sector privado a través de su representación regional y sectorial en el directorio. En ese esquema, explicó, el presidente tiene la responsabilidad de conducir el organismo y llevar adelante las políticas públicas, incorporando la mirada de los actores turísticos. “Quien tiene la mirada 360, quien tiene que conducir y quien, por eso, lo dejamos en manos del Estado, es el presidente”, expresó.

La legisladora también rechazó que el funcionamiento de la agencia deba quedar sujeto a los mismos circuitos administrativos de la Secretaría de Turismo. A su entender, ese esquema limita la velocidad de respuesta que necesita la actividad turística para ejecutar acciones de promoción y planificar las temporadas. “Cuando intentan que Diego Piquín se convierta en un secretario de Turismo y no en un CEO de una agencia de turismo, entonces ahí, obviamente, no hay manera de que esto funcione”, planteó.

Según explicó, la autonomía no implica dejar de controlar el uso de los fondos públicos, sino establecer mecanismos de rendición de cuentas posteriores a la ejecución de los gastos. La planificación estratégica y los planes de acción para las temporadas de verano e invierno, señaló, deben permitir definir previamente qué se hará y cómo se utilizarán los recursos.

La infraestructura, entre las funciones de la agencia y la Provincia

Otro de los puntos abordados fue la ejecución de obras vinculadas con el desarrollo turístico. González Abdala recordó que la normativa prevé que las obras de gran envergadura se realicen a través del Ministerio de Obras Públicas, mientras que la ATUR puede impulsar intervenciones menores necesarias para desarrollar productos turísticos en las distintas regiones.

La legisladora consideró que ese reparto de responsabilidades forma parte del diseño original del organismo y que las dificultades actuales responden, principalmente, a la falta de definiciones para ponerlo en funcionamiento con la autonomía prevista. En ese sentido, planteó que la agencia debe contar con herramientas para tomar decisiones con mayor rapidez, sin quedar atada a los procedimientos administrativos tradicionales de la estructura provincial.

La situación de la Secretaría de Turismo también forma parte de las preocupaciones planteadas por González Abdala. La legisladora explicó que, junto con otros integrantes de su espacio, presentó un pedido de informes a partir de una nota difundida por trabajadores del área, quienes reclamaron precisiones sobre su situación y las funciones que deberán cumplir en el nuevo esquema.

El planteo de los empleados se vincula con la falta de definiciones sobre su lugar dentro de la reorganización institucional. La legisladora señaló que el Estado mantiene funciones de fiscalización y habilitación de las actividades turísticas, pero que no se habría establecido con claridad qué tareas corresponden al personal de la Secretaría.

También mencionó que algunos convenios iniciales con la agencia dejaron de estar vigentes y que, de acuerdo con la información que recibió, hay trabajadores que no cumplen funciones en la ATUR ni tienen tareas asignadas en la Secretaría. “Los empleados, de alguna manera, lo que están pidiendo es definición y es lo que estamos pidiendo todos”, sostuvo. González Abdala indicó que todavía no habían recibido una respuesta al pedido de informes.

Una salida anunciada para el 30 de noviembre

La discusión se produjo después de que Diego Piquín comunicara al directorio de la ATUR que dejará la dirección ejecutiva el 30 de noviembre, aunque, de acuerdo con los antecedentes disponibles, su renuncia todavía no había sido presentada formalmente. El anuncio tomó por sorpresa a representantes del sector privado que integran el organismo.

Entre ellos, Walter Sequeira, referente regional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, había señalado la necesidad de resolver rápidamente la sucesión y revisar la normativa para darle mayor agilidad a la agencia.

González Abdala, por su parte, consideró que la salida anunciada debe analizarse a partir de las dificultades para consolidar el funcionamiento del organismo. Su planteo apunta a sostener el modelo de gestión con participación privada, pero con una conducción estatal capaz de garantizar la autonomía operativa prevista en la ley.