La presentación del “Plan Castello” se da en un contexto de fuerte crecimiento de la toma de deuda pública tanto nacional como de la mayoría de las administraciones provinciales en el contexto de una economía nacional que cayó 2,5% del PBI en 2016 y que no da señales de revertir la tendencia en 2017.  Más allá del muy conocido y creciente endeudamiento nacional, las jurisdicciones provinciales tomaron stock de deuda en 2016 por u$s 8000 millones, al que se les suman en el primer trimestre de este año U$S 2050 millones más, y ello en el marco de una fuerte contracción del mercado interno (70% del PBI) y por ende de una importante reducción de las remesas nacionales correspondientes a la coparticipación federal de ingresos públicos,  es decir, nada menos que de la principal fuente de financiamiento de los Estados provinciales.

Durante 2016, Río Negro tomó deuda  por $1250 millones para cubrir una merma del orden de los $1500 millones de caída interanual en la coparticipación,  lo que no evitó que cerrara el año con déficit del orden de los $2900 millones, al que por cierto también aportaron las crisis en los sectores frutícola y petrolero, además de un aumento en los precios de bienes y servicios generales que subieron más que la recaudación (no así los salarios del sector público.

Por otro lado, destacaron que "la capacidad de endeudamiento de una provincia depende fundamentalmente de la capacidad futura de repago. Y en un contexto de fuerte merma de ingresos, duplicar el volumen de deuda (llevando el peso de los pasivos del 30% al 60% aproximadamente de los recursos presupuestarios), implica afectar  a fuerza de brutales ajustes fiscales recurrentes los derechos de los ciudadanos de la provincia a la educación, la salud y seguridad garantizadas por ley, por el Estado provincial; política de ajuste que además viene aplicando actualmente el Gobierno Nacional. En este sentido el “Plan Castello” se parece más a una inmediata y pesada hipoteca sobre el futuro de los rionegrinos, que un plan de desarrollo económico. Sería en buena medida, repetir una historia que nuestra provincia han experimentado ya en su historia reciente". 

“Por ello la CTA de las/os Trabajadoras/es de Rio Negro manifiesta el rechazo a este proyecto de endeudamiento y puesta en peligro de los bienes naturales de nuestro territorio e insta al gobierno de Weretilneck a convocar a un gran consejo del salario y la producción en rio Negro; donde los principales actores sean las distintas organizaciones sindicales, sociales, representantes de la pequeña y mediana empresa, representantes de las/os trabajadoras/es informales y el gobierno provincial; para delinear políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que generen empleo y estrategias que nos permitan aprovechar la gran variedad de recursos-bienes naturales y las potencialidades con las que cuenta nuestro territorio rionegrino”, finaliza el comunicado.