Los diferentes sectores que propician la reactivación del proyecto nuclear en territorio rionegrino sufrieron un nuevo revés durante la jornada de ayer, ya que el Superior Tribunal de Justicia rechazó por improcedente un recurso presentado por un vecino de Bariloche que buscaba la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 5227, bajo el argumento de que no estaba debidamente fundamentada y no se había consultado a la población.
La resolución del STJ pone un freno a la estrategia que habían adelantado referentes políticos como el intendente de Sierra Grande Nelsón Iribarren, el senador nacional Miguel Pichetto y el diputado nacional Sergio Wisky, que habían adelantado la intención de tránsitar ese camino, tras la victoria del "si" en el plebiscito convocado el pasado 17 de diciembre en esa localidad para conocer la postura de la población en torno a la instalación de la usina nuclear con tecnología y capitales chinos.
El prohimus rechazado ayer por el STJ había sido presentado a mediados de noviembre por el barilochense Antonio Sánchez quien argumentaba que la ley anti nuclear no cumplía los requisitos legales necesarios para ser aprobada, de urgencia y en una sola vuelta, y que debía dejarse sin efecto.
Para Sánchez la Ley 5227, promulgada el 5 de septiembre de este año, no cumplía con los requisitos de urgencia que marca la Constitución y que al ser elevado con acuerdo de ministros se trató en una única vuelta, evitando que tuviera una amplia difusión y se diera participación en el debate en el seno de la comunidad.
29 diciembre 2025
Judiciales