El Ministerio Público Fiscal solicitó formular cargos contra el actual presidente del Concejo Deliberante, tres concejales —dos de ellos en funciones— y una particular por el presunto delito de defraudación contra la administración pública agravada por la participación de funcionarios. La audiencia realizada este lunes en el Foro Penal de Cipolletti fue suspendida luego de un planteo de la defensa para excluir a la querella.

Durante la exposición, el fiscal jefe detalló que los hechos investigados se remontan a septiembre de 2024, cuando —según la acusación— las personas imputadas habrían iniciado una maniobra vinculada a la compra de 14 lotes destinados a la construcción del edificio de la Escuela Primaria N° 300 en la localidad de San Isidro. Por ese predio el Municipio pagó $204 millones, equivalentes en ese momento a unos 165.182 dólares.

De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, la mujer señalada como vendedora habría ofrecido los terrenos como propios contando únicamente con un boleto de compraventa, lo que fue considerado como la primera maniobra defraudatoria. Además, se indicó que los lotes se comercializaron como parcelas subdivididas cuando en los registros figuraban como un único lote.

El fiscal sostuvo en la audiencia que la operación se concretó sin cumplir con los procedimientos administrativos correspondientes. Entre las irregularidades mencionadas, enumeró que la adquisición no fue tratada ni votada en el Concejo Deliberante, que no se declaró la utilidad pública del inmueble y que la compra se realizó sin tasación previa ni informes de dominio.

En ese marco, el representante del Ministerio Público señaló que la maniobra habría generado un beneficio económico indebido para la supuesta vendedora y un perjuicio para las arcas municipales. Según la estimación oficial expuesta en la audiencia, el inmueble valuado como un solo bloque tendría un precio de 28 mil dólares, mientras que subdividido en 14 lotes alcanzaría los 96.400 dólares. La Fiscalía calculó que el perjuicio económico para el Municipio sería de 137.182 dólares en el primer escenario o de 68.782 dólares en el segundo.

Por su parte, las defensas particulares junto con la Defensoría Oficial solicitaron al juez de Garantías la exclusión del querellante —un exconcejal de la localidad— al considerar que no reviste la condición de particular afectado. El magistrado hizo lugar a ese planteo y la parte acusadora presentó una reserva de impugnación.

La formulación de cargos quedó en suspenso hasta que otro juez revise la decisión adoptada y resuelva sobre la participación de la querella en el proceso.