La Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, finalmente le contestó ayer a la gobernadora, Arabela Carreras respecto a la situación violenta ocurrida en Villa Mascardi.

Desde el organismo nacional detallaron que “una de las competencias del INAI es ser la autoridad de aplicación de la ley 26160, por ello, en caso de la Provincia de Río Negro, se han suscripto sendos convenios, habiendo vencido el último de ellos en diciembre del año 2019 que es la herramienta por la cual se reconoce a las comunidades indígenas los territorios que acredite ocupación actual, tradicional y pública”.

“A los fines de dar continuidad a las tareas de Relevamiento Territorial, hemos manifestado nuestra voluntad de avanzar en la firma de un nuevo Convenio Específico, previa rendición por parte de la Provincia del último. El accionar de INAI se circunscribe a efectivizar el respeto a las pautas culturales y a la defensa de los derechos específicos que les han sido reconocidos al pueblo indígena”, agrega la Presidenta del INAI.

Desde el organismo, indicaron a la Gobernadora que “Como es de su conocimiento, el INAI no dispone de funciones jurisdiccionales. La división de poderes, propia de nuestro sistema republicano de gobierno. Las funciones del INAI se encuentran limitadas en las prescripciones del plexo normativo indígena. Por lo tanto, INAI no acusa, no procesa, ni juzga. En ese orden, condenamos todo acto de violencia, sea material o simbólico, cualquiera sea su origen y exigimos el pronto esclarecimiento de los hechos suscitados”.

La responsabilidad en el abordaje por los distintos hechos denunciados y acaecidos en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales desde el año 2017, no solo es del gobierno nacional.  Compete a la Provincia garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de todos los habitantes del suelo rionegrino, sin discriminación alguna. En virtud de ello, se requiere un trabajo mancomunado entre ambos gobiernos junto a las organizaciones indígenas, para arribar a una solución pacífica construida en base al reconocimiento de derechos de todas las personas. Estamos convencidos de que la represión, la participación del aparato de inteligencia del Estado y la formación de “comandos especiales” aplicado en la criminalización de miembros de pueblos indígenas, ha traído muertes y una grave violación de los derechos humanos”.